La organización del sistema
político-administrativo moderno en México estuvo pensada en construir un
sistema federalista, de tal modo que cada estado contará con atribuciones gubernamentales,
fiscales y administrativas, y se coordinará a su vez con el poder central. Esto
con el fin por un lado de limitar la centralización del poder y por el otro
generar una mayor efectividad en la administración y en el desarrollo local.
Lamentablemente, el caso mexicano
es un caso fallido de federalización. El sistema que configuró el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), imposibilitó el desarrollo de este sistema
de gobierno. Ya que por una parte, los conflictos regionales y las insurrecciones
militares y civiles, que se presentaron después de concluida la revolución,
requerían de un poder central fuerte que hiciera frente a este tipo de
inestabilidades. Por otro lado, el temor real de perder hegemonía como partido
gobernante frente a otros partidos que existían o surgían, como el Partido
Acción Nacional (PAN), el Partido Comunista de México (PCM), entre otros, en
los estados, hizo que limitará la competencia partidaria, limitando con ello la
pluralidad política y a su vez la federalización.
Después de la alternancia en el
poder en el 2000 con el PAN, se habló de la necesidad de una Reforma política,
que concretará el anhelado proyecto de federalización del país. Pese a las iniciativas
e impulsos que se quiso dar a esta Reforma, no prosperó. No obstante, los
estados comenzaron a tener una libertad inimaginable, los gobernadores
estatales liberados del peso del poder presidencial, decidieron hacer de sus
estados un feudo. La mayoría controla sus congresos, las instituciones
autónomas y es opaco en cuanto el manejo de sus cuentas. Los casos de Oaxaca,
Puebla, Coahuila y Michoacán, son sólo la punta del iceberg, en cuanto al autoritarismo
que impera, y la manera en que los gobernadores hacen del presupuesto público
un patrimonio propio.
Este fenómeno se puede explicar
por diversas circunstancias. El rechazo a la reforma política por una parte se
debe principalmente a la oposición que ha tenido el PRI, ya que ello pondría en
riesgo la hegemonía política que aún conservan en varios estados. En las recientes
elecciones para gobernadores, el PRI sigue conservando nueve estados -Campeche,
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz-, en los cuales no ha
habido alternancia. Estos estados representan un capital político y electoral
que difícilmente el PRI querrá dejar ir.
Otro elemento que ha inhibido una
reforma política a fondo en los estados, es la necesidad que ha tenido el PAN de establecer acuerdos con el PRI, para sacar
adelante reformas. Esto ha implicado ceder o relegar asuntos que tienen que ver
con transparencia en los gobiernos, reelección de presidentes municipales y
diputados. La falta de acuerdos entre el PAN y el PRD, ha hecho que el PRI se
haya convertido en pieza clave para sacar adelante reformas que son
prioritarias para el partido en el gobierno. Si bien, son indispensables las negociaciones para sacar
adelante ciertas iniciativas, tampoco ello debe significar mayores cotos de
poder o de impunidad a gobernadores. Visto incluso desde una óptica pragmática,
esto ha tenido costos tanto para el PAN como el PRD, en términos electorales,
ya que de haber aprobado una reforma política, que diera mayor pluralidad política
y rendición de cuentas en los estados, es probable que ellos hubieran alcanzado
triunfos en alguno de los nueve estados que sigue gobernando el PRI.
Un tercer elemento que ha hecho
que la reforma política no se trasmine a los estados, es la obsesión por el
control del poder central. Si bien es cierto, que el autoritarismo presidencial
es un lastre con el que todavía hay que lidiar, se han dado grandes avances en
democratizar y limitar el poder presidencial. Aunque faltan algunos elementos
por revisar, como el gasto en publicidad gubernamental y el uso de las fuerzas
armadas, hoy día las limitantes al poder ejecutivo, hacen poco probable –aunque
no imposible- una vuelta al autoritarismo. Frente a esto, hay una urgencia de
limitar los poderes de los gobernadores, ya que en varios de estos estados, el
autoritarismo sigue siendo el sello distintivo de la forma de gobernar. Hay que
descentralizar nuestro análisis del poder presidencial.
Una federalización efectiva
requiere de alternancia política, controles y transparencia en el manejo de los
recursos, independencia de los poderes judiciales locales, autonomía de los
institutos electorales, de derechos humanos y de transparencia. Pero hasta la
fecha, no hay un solo estado que pueda cubrir estos requisitos. La democratización
del país, hoy día requiere que se haga desde lo local.
Si bien las iniciativas que
impulsa el gobierno electo en materia de transparencia y rendición de cuentas,
son prioritarias, hay una mayor urgencia por impulsar reformas que limiten los
poderes de los gobiernos estatales. El meollo del asunto se encuentra en lo
local, y al parecer el PRI no está dispuesto a
impulsar la democratización de los estados, ya que para éste
significaría su propia derrota. Es por ello que no extraña que lo “apantallante”
de sus iniciativas, opaque iniciativas de mayor prioridad y que en la
legislatura pasada en la Cámara de Diputados y Senadores, se discutieron, tales
como la reelección de alcaldes y diputados.
El destrabe estará en el PRD y el
PAN, pero ¿estarán dispuestos también a perder sus feudos? Y ¿qué hay de la
sociedad civil en los estados? Por un parte, es exigua y con poco peso
político, y por otra parte se encuentra haciendo frente a las consecuencias de
una guerra, que les ha mermado energía y esperanza. Frente a este escenario,
habrá que ver, que tanto está dispuesto a ceder el PRI a cambio de sus
iniciativas, como la de la Reforma de Pemex y la Fiscal, ahí puede
intercambiarse algo de sentido democrático.
