La
respuesta a este artículo pareciera ser obvia, para un sector de la sociedad, en
donde la libertad es un valor supremo que no se puede subsumir a la seguridad.
La libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de asociación
entre muchas otras -que son libertades que se ejercen a través del
reconocimiento expreso de derechos-, muchos dirían que no se pueden subordinar
a la idea de proteger a un Estado o a una población, de una amenaza externa o
interna.
Pero,
¿qué pasa cuando un grupo armado con organización y financiamiento, puede poner
en riesgo el ejercicio de ciertas libertades, tales como el libre tránsito, la
libertad de expresión y la libertad de asociación?
El ataque a las torres del
World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2011, llevo a la
discusión e incluso la aplicación de que
el ejercicio de ciertos derechos tenía que ser restringido con el afán
de proteger un derecho aún mayor que derechos como la intimidad o el libre
tránsito, el derecho a la vida. Proteger la vida de las personas o de una
población se volvió el argumento principal para limitar el ejercicio de ciertos
derechos, tales como la intimidad o la privacidad, ya que se decidieron aplicar
medidas como intervenir llamadas telefónicas, correos electrónicos y otro tipo
de conversaciones de tipo personal, en donde se sospechará que podía estarse
planeando alguna acción que pusiera en riesgo la integridad de las personas.
El
narcotráfico con su capacidad militar, económica y transnacional, puso en
riesgo la estabilidad política de varios estados, así como la integridad de su
población. En América Latina (AL), hay diversos casos tales como el de Colombia,
Centroamérica y recientemente en el caso
de México. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se decidió
establecer una estrategia militar para hacer frente al crimen organizado, este
tipo de estrategia conllevó una serie de restricciones a derechos
constitucionales, principalmente el libre tránsito y el derecho a la privacidad.
En estados en el norte del país, así como en regiones del centro, los diversos
carteles del narcotráfico, extorsionaban, atacaban e incluso eliminaban a parte
de su población. Esta situación la vivieron y viven como quienes residen en
esos territorios, como quienes transitan por ellos.
Tanto
los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y en diversas partes
del mundo por parte de Al-Qaeda, así como la actuación de grupos criminales que
ponen en riesgo la estabilidad e integridad de la población de un país, lleva a
que los estados implementen medidas que tienden a limitar el ejercicio de
derechos y con ello de libertades, con el afán de evitar mayores riesgos a la
población y a sus gobiernos.
No
obstante, los cables de Estados Unidos (EEUU) filtrados por Wikileaks,
revelaron una forma de actuar por parte de EEUU, pero también de otros estados,
en donde el aparato de inteligencia, así como la diplomacia, era usada no solo
con fines de proteger la integridad de su población y la estabilidad de sus
gobiernos, sino también para espiar a estados pares, con fines comerciales o
políticos. Asimismo, en el caso de Edward J. Snowden, ex integrante de la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), reveló
documentos clasificados en donde EEUU utilizaba a diversas empresas que
proporcionan servicios informáticos, para espiar a sus ciudadanos y a gran parte
del mundo.
Esto
último provocó un gran debate, sobre hasta dónde los estados podían hacer uso
de los instrumentos de inteligencia y espionaje, así como quién vigila al
“vigilante”. En particular, cuando se reveló que el tipo de espionaje fue para
fines comerciales o de tipo políticos, los casos que se conocieron en AL fueron
Brasil y México.
Ahora
bien, este tipo de actuación por parte de EEUU y diversos estados, no es nueva,
más bien podríamos decir que es una tradición. Tanto estados totalitarios como
democráticos han hecho uso del espionaje con motivos políticos, militares o
comerciales, claro con enormes diferencias entre ambos. El caso del watergate, así como el macarthismo en EEUU, la polícia secreta de Rusia, la KGB, así como casos de dictaduras y gobiernos autoritarios en AL, son muestra de cómo se han utilizado los aparatos de inteligencia con fines políticos y represeivos (claro con diversos matices y diferencias entre los estados democráticos y los totalitarios).
Es
cierto que los estados deben contar con herramientas y aparatos de inteligencia
que les permitan hacer frente a riesgos que pueden poner en riesgo la
estabilidad de un gobierno o la integridad de su población. No obstante, todo
estado democrático debe contar con un marco legal que limite el ejercicio de
las funciones gubernamentales, de tal modo que no haga uso del espionaje o de
la inteligencia con el afán de establecer formas de control absoluto sobre su
población.
Quienes
se especializan en el tema del derecho de acceso a la información pública,
consideran que hay información que no puede ser pública, porque ello puede
perjudicar una investigación judicial o incluso poner en riesgo la estabilidad económica
o política de un país. Esto es cierto, todo derecho tiene límites, pero para
establecer que es público y que es clasificado, deben establecerse criterios y límites claros, y que no termine por
dotarse de poderes absolutos a un gobierno democrático. Asimismo, tiene que
justificarse el por qué determinada información no puede ser pública.
El
riesgo en no establecer criterios y el no fundamentar el porqué de hacer de
cierta información de acceso restringido o reservado, puede llevar a que los
estados de forma arbitraria digan que es público y que es reservado, de tal
modo que se vuelven opacos, no rinden cuentas y el acceso a la información pierde
todo sentido democrático.
Pero
¿quién vigila al “vigilante”? Aunque diversos estados democráticos tienen
mecanismos para limitar que el uso de la inteligencia y el espionaje, y que no
se haga más que sólo para los fines
previstos por la ley, esto no se respeta del todo. Entonces, pareciera que
siempre existirá el riesgo de vivir bajo el peso de un estado que puede
convertirse en el Big Brother, que
traspasa los muros de la privacidad y nos mira sin que nadie lo pueda mirar a
él.
Este
riesgo siempre estará latente, no obstante, para ello deben existir suficientes
herramientas que puedan evitar llevarnos a ese escenario catastrófico. Los institutos
de acceso a la información pública, el Congreso, así como el poder judicial
deben ser instrumentos que limiten el ejercicio del poder gubernamental. Los
institutos que protegen y garantizan el acceso a la información pública, son
piezas clave, para ser un intermediario entre el ciudadano y el gobierno, y
observar en donde éste último ha puesto la frontera entre lo reservado y lo
público. Asimismo, el Congreso, es el espacio más plural, hablando
políticamente, en donde la diversidad de partidos representados, posibilita
establecer límites al ejercicio del poder del partido gobernante, ningún
partido querrá verse controlado por el gobierno en turno, de tal modo que
tratarán de pugnar porque no se haga uso político de los aparatos de
inteligencia. El poder judicial, debe ser uno de los medios más eficaces para
sancionar al estado en caso de que este vulnere derechos a través de su sistema
de inteligencia, tanto particulares como entes públicos, pueden realizar
acciones judiciales, para reparación de daños o evitar vulneración de otros
derechos.
Y
¿qué hay de la sociedad civil?, ¿qué rol debe jugar? En este caso para sectores
importantes de la sociedad no es tan claro, incluso algunos están dispuestos a
renunciar a ciertas libertades con el fin o la idea que su integridad se vea
salvaguardada ante todo.
Las
revisiones y retenes por parte de cuerpos de seguridad pública o del ejército,
los toques de queda, como restricción a la libertad de tránsito; así como la
restricción a la libertad de asociación, ya sean en lugares públicos o privados
como bares, discotecas u otros lugares; asimismo, la invasión a la intimidad, a
través de la intervención de llamadas telefónicas, así como cualquier tipo de
conversación o actividad privada, en el contexto de la guerra contra el
terrorismo o contra el narcotráfico, se han vuelto comunes y aceptables por un
sector importante de la sociedad. La frase “yo estoy dispuesto a renunciar a
ciertos derechos con tal de que no me maten”, se ha vuelto moneda de uso
corriente entre una parte de la población.
Pero
es un falso dilema el decir “¿la vida o la libertad?”, un estado democrático
está obligado a preservar la integridad y vida de su población, sin menoscabar
o limitar el ejercicio de sus derechos. Es cierto, que puede haber situaciones
excepcionales, no obstante, deben ser excepcionales y temporales, no pueden
convertirse en una forma rutinaria de actuar por parte de los gobiernos.
Como
sociedad, debemos tener claro que los riesgos de renunciar a ciertos derechos
con el afán de mayor seguridad, al final pone en riesgo aún más nuestra
integridad y nuestras libertades, dado que en un estado totalitario, termina
por decidir sobre la vida e integridad de las personas.
Toda libertad puede
conllevar ciertos riesgos, es posible que el hecho de que no se establezcan
retenes en cada avenida o carretera del país, haga que algún sicario, delincuente
o terrorista transite libremente y que pueda ser un riesgo para la población,
no obstante, uno debe asumir ese riesgo como parte de vivir en una sociedad democrática y con libertades.
Son mayores los daños que hay cuando a toda persona se le
detiene, no sólo porque nuestra vida cotidiana se vería alterada
drásticamente, sino porque además todos nos convertimos en sospechosos, todos somos potenciales delincuentes, de tal modo que somos un riesgo para nosotros y
para la propia población, y con ello el estado justifica que debe asumir un
control absoluto dado que todas las personas son riesgos potenciales. Ésta no
puede ser la mirada de un estado democrático, es más bien la de un estado
totalitario, un estado que nos hace renunciar a nuestros derechos, porque todos
somos un riesgo para nosotros y los demás.
Las
detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y el
exterminio de un sector de la población han sido los resultados de estados y
sociedades que han decidido renunciar a sus libertades más básicas con la idea
de obtener una seguridad absoluta.
No
existen seguridades absolutas, aceptar vivir en una sociedad democrática, con libertades,
también implica asumir que ello puede conllevar ciertos riesgos, pero es menor
el riesgo de vivir con libertad que el vivir sin ella.
