El balance del Pacto por México

El 2 de diciembre de 2012, los representantes de las tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRD y PRI) y el nuevo presidente Enrique Peña Nieto, anuncian la firma de un pacto político, el Pacto por México. Dicho pacto se anunciaba, tendría las dimensiones similares a los Pactos de la Moncloa, los cuales representaron el paso del régimen franquista a una transición democrática, en donde se congregaban a las diferentes fuerzas políticas, tanto de izquierda y de derecha, con el fin de hacer una transición estable en lo político, lo social y lo económico. La comparación, no era adecuada, sin embargo, así se concebía por las principales fuerzas políticas.

El Pacto por México operaba a través de un consejo Rector, integrado por los tres principales partidos políticos y el gobierno federal, el cual tenía tres ejes rectores: el fortalecimiento del Estado democrático de derecho; la democratización de la política, la economía y los derechos sociales; y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales. Dentro de esos tres ejes rectores, estaban comprendidas una serie de acciones que consolidarían cada uno de los ejes u objetivos principales que se planteaba dicho pacto.

Dicho pacto político, según se informó, fue resultado de una serie de negociaciones, entre Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio (del PRI-equipo de transición del nuevo gobierno), Gustavo Madero y Santiago Creel (del PAN) y Jesús Zambrano y Jesús Ortega (del PRD), así como por un equipo técnico integrado por Aurelio Nuño del equipo de transición y del PRI, Juan Molinar del PAN, Carlos Navarrete del PRD y José Murat como facilitador de dicho proceso.

Uno de los objetivos centrales que se propuso dicho pacto era: “recuperar la soberanía del estado democrático y enfrentar a poderes que obstruyen desde distintos ángulos su acción y que buscan conservar su poder en detrimento del interés publico.”

Es así que las acciones estaban encaminadas a hacer frente a los poderes económicos legales e ilegales, que habían debilitado el papel del Estado, en particular, durante el sexenio de Felipe Calderón, en donde se había incrementado de manera exponencial el número de asesinatos, enfrentamientos entre carteles de la droga, la cooptación y corrupción hacia funcionarios públicos por parte del crimen organizado, y en materia de procuración y acceso a la justicia, el ejercicio era casi nulo, frente al incremento desmedido de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas.

Por otra parte, se reconocía la recesión de la economía mexicana, los graves retrocesos en materia de derechos sociales, así como la falta de competencia y la nula capacidad de los poderes legislativo y ejecutivo para generar leyes que abrieran los mercados en telecomunicaciones y en el sector energético. Asimismo, se venía de una competencia electoral marcada por la intromisión de las televisoras a favor del candidato del PRI a la presidencia, en particular por parte de Televisa y las acusaciones de compra de voto a través de tarjetas MONEX y SORIANA.

Lo anterior hacía que la entrada del nuevo gobierno, se enfrentará a una situación similar a la de Felipe Calderón en el inicio de su sexenio, sin legitimidad política para operar eficazmente su plan de gobierno. Es así que la maquinaría y operadores políticos experimentados del PRI y del equipo cercano de Peña Nieto, previeron esa situación e hicieron un acercamiento a las dos fuerzas políticas para lograr un acuerdo sobre temas que tenían en común, en donde ninguno de los tres partidos había logrado sacar de manera integral su iniciativa; por parte del PAN estaban pendientes las reformas en materia energética y educativa, por parte del PRD, estaban las reformas en materia de telecomunicaciones y en algunas iniciativas de tipo social, y por parte del PRI, dentro de su agenda consideraba prioritarias la reforma fiscal y la energética.

Los resultados de dicho pacto, fueron inmediatos en materia legislativa, se aprobaron reformas en materia educativa, social, competencia económica, telecomunicaciones, política-electoral, pero el momento de confrontación surgió en la reforma fiscal y en la energética.

En el ámbito fiscal, el PAN se opuso a la iniciativa del gobierno federal. A diferencia de las otras reformas, en donde se votaba por mayoría absoluta, dado que había acuerdos previos entre las cúpulas partidarias, sus diputados y senadores, en la mayoría de los casos, votaban previamente lo acordado, en el caso de la reforma fiscal, la mayoría de legisladores del PAN voto en contra del PAN y el PRD votó a favor en alianza con el PRI. De igual modo, las principales agrupaciones empresariales se manifestaron en contra de dicha reforma y anunciaban acciones legales para impedir su aplicación.

Este fue uno de los momentos más álgidos del Pacto, dado que se pedía por varios integrantes del PAN que el partido saliera de este mecanismo, dado que –argumentaban los detractores- lo supeditaba al gobierno federal. A pesar de esta situación, el partido político decidió continuar en éste, pero manifestando abiertamente el rechazo a reformas que no estuvieran claramente consensuadas.

Sin embargo, el punto que llevó al fin de dicho acuerdo político, fue la reforma energética, el PRD, se opuso a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, y ante las voces cada vez más disidentes del Pacto dentro del partido, y frente a la inminente aprobación de dicha iniciativa con apoyo del PAN y del PRI, decidió salirse.

Así, finalizó un acuerdo político que  tuvo una vigencia de un poco más de un año, y que tenía visos de convertirse en un momento de gran operación política, tanto por parte de los partidos como por el gobierno federal y que podía pasar de una polarización política, a un diálogo institucionalizado y plural que permitiera converger los intereses en común que tenían los tres partidos. Sin embargo, el Pacto se planteó demasiado ambicioso y contenía temas tan diversos, que harían entrar en confrontación en cualquier momento a dichos partidos. Por otra parte, el gobierno federal no cedería dos de sus principales iniciativas que tenían y tienen como ejes, la fiscal y la energética, es así que a pesar de la confrontación entre partidos y la ruptura del Pacto, decidió en una ir con el PRD y otra con el PAN.

Pero en términos democráticos y políticos ¿cuál es el balance de dicho Pacto?, ¿realmente representaría un momentum similar al de los Pactos de la Moncloa, donde la pluralidad de actores políticos deciden una agenda común para la consolidación democrática y el crecimiento económico?

No hay forma de compararlo lo hecho en México, con lo sucedido en España y Adolfo Suarez, después de la muerte de Franco, dado que no se venía de una dictadura, ni tampoco había una situación política similar a la de ese entonces, en donde estaban ilegalizados ciertas agrupaciones o partidos y las libertades y derechos estaban restringidos.

Sin embargo, si se puede señalar que representaba un momento de hacer política de una forma menos polarizada y asimismo, permitía a las diferentes fuerzas discutir y consensuar temas que tuvieran en común. Muchos señalaron que para eso estaba la Cámara de diputados y el Senado, como espacio de deliberación y acuerdos. Sin embargo, el Congreso de la Unión, no es únicamente eso, sino también sirve de espacio de contrapeso al poder ejecutivo, dado que puede servir para la rendición de cuentas, la generación de iniciativas que tiendan a mejorar el estado democrático del país y para dotar de funcionalidad a muchas instituciones y leyes secundarias.

Y si bien puede servir como un espacio de deliberación y acuerdos, los últimos dos gobiernos federales no lograron generar el consenso a través de sus coordinadores, debido a que el diálogo entre las fuerzas políticas era casi nulo. Con Vicente Fox, se dio un momento de crispación fuerte, por indagar sobre los crímenes cometidos en el pasado por parte de gobiernos priistas, en tanto que se confrontó con el PRD, a raíz de su enemistad con López Obrador y el intento de que no fuera contendiente a la presidencia. En el caso de Felipe Calderón, el diálogo con la izquierda estaba roto, no había posibilidad, debido al proceso electoral y la forma en cómo se dieron los resultados tan cerrados, le quedó sólo tratar de hacer negociaciones con el PRI, lo que llevó a que más que tener la batuta el gobierno en turno, la llevará este partido, dado que dependía en absoluto de éste, para sacar adelante alguna iniciativa o reforma.

Frente a estos escenarios y ante la crispación política derivada de las elecciones de 2012, las acusaciones de la compra de voto y el innegable apoyo por parte de la Televisa, se podían dar sólo dos opciones: el gobierno federal depender del PAN, al no tener mayorías absolutas para la aprobación de sus reformas y estar en confrontación permanente con la izquierda u optar por una vía de negociación política entre las tres fuerzas, de tal modo que el gobierno federal, no dependiera de ninguna de éstas para sacar adelante sus reformas. Se optó por la segunda y la estrategia fue acertada.

Es así que si hacemos el balance por cada uno de los actores involucrados, se diría que sin duda el actor que ha logrado los objetivos que se propuso a través de este Pacto, fue el gobierno federal. En tanto que el PRD y el PAN, han logrado parcialmente sus objetivos, pero que por el contrario han generado un amplio desprestigio entre sus bases y militantes.

¿Consolido democrática y económicamente al país? Es algo que no puede afirmarse claramente, dado que si bien muchas reformas están centradas en transparencia, en materia electoral y en competencia económica, sólo su operación y el tiempo podrían realmente decirnos si hay una consolidación en estos ámbitos.

¿Valdría la pena retomar este Pacto? Tal vez, sin embargo, en la realidad es imposible, como he señalado son temas tan divergentes los que se encuentran dentro de éste, que fácilmente confronta a sus actores. Más bien, se tendría que rediseñar, pensar en acotarlo y hacerlo por objetivos, en la medida que estos se cumplan generar otro tipo de consenso. Sin embargo, lo que se observa es que la estrategia del gobierno federal y del PRI, serán optar por negociar de forma separada con cada una de las fuerzas políticas ciertos temas y así darle continuidad a las iniciativas que planteen.

El Pacto por México, sin duda representó la posibilidad de una nueva política, más institucional, menos polarizante y más plural, sin embargo, los intereses de los grupos empresariales, de los partidos y del gobierno federal, difícilmente lograrían la vigencia de dicho Pacto. Por otra parte, el contenido de dicho Pacto debió centrarse en temas que tuvieran mayor impacto social y mejoría en la opinión pública, tales como generar un incremento presupuestal para la generación de mayores planteles e instituciones de educación media y superior, incremento presupuestal y mejoría de la infraestructura y personal de las instituciones de salud pública, y un política agroindustrial, en donde existiera mayor inversión y apoyos al campo y a  la industria.

Lo anterior, estaba dentro del Pacto, pero no eran acciones prioritarias, ni estaban claramente delineadas, es así que dicho acuerdo político para la población en general no representó beneficios directos, y la opinión pública hacia la clase política es mayormente negativa.

Valdría que la izquierda logrará una negociación política de forma pública con el gobierno federal, sobre los temas prioritarios que afectan a la población, ello llevaría a que el gobierno federal, optará por alguna de las dos vías: desoírlos o lograr dicha negociación e incrementar una mejora en la opinión pública que se tiene del gobierno de Peña Nieto.

Ya veremos si eso se plantea, y si es posible, porque las confrontaciones internas de los partidos han mermado su capacidad de operación política.

Guerra contra las drogas: riesgos a la democracia y a la soberanía

El inicio de la administración del presidente Felipe Calderón, redefinió la política interna y exterior del país, ésta se centró en un combate frontal al crimen organizado dedicado al tráfico, producción y comercio de drogas. Esta redefinición y actuación durante seis años tuvo como resultado serios riesgos a una democracia incipiente y a los límites de soberanía que se debe guardar en el marco de las relaciones internacionales.

¿Qué elementos se pusieron en riesgo de un sistema democrático? Uno de los primeros signos que se reconoce en todo estado democrático, es que para que las fuerzas militares realicen actividades que no están dentro del marco de su orden jurídico, tienen que pasar por una aprobación de los poderes legislativo o judicial. Y aunque anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se había pronunciado porque en casos excepcionales las fuerzas armadas participarán en labores de seguridad pública, la situación derivada de la violencia entre carteles y fuerzas del orden, requería establecer lineamientos claros para la actuación y facultades que tendrían para realizar éstas labores. Por otra parte, dado que la Constitución establece que sólo el Ejército podrá realizar estas labores en “tiempos de guerra”, se tendrían que haber establecido reformas constitucionales y legislativa para permitir la operación de la institución para las labores que el Ejecutivo había decidido conferir, o en todo caso el Congreso tenía que haber declarado tal situación para permitir la salida del ejército a las calles.

De tal modo, que al no existir controles claros sobre la actuación de las fuerzas militares, devino en una serie de violaciones de derechos humanos que vulneraron principios básicos de todo sistema democrático, tales como el derecho al debido proceso, al realizarse detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Estas situaciones se presentaron no sólo contra presuntos delincuentes, sino también contra población civil sobre la que no se tenía ninguna presunción como lo documentó en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones civiles de derechos humanos.

Pero no sólo esto, también el sistema político democrático se vio en serios riesgos, las diversas elecciones que se celebraron en diferentes entidades del país tuvieron serias dificultades, no sólo debido al asesinato de candidatos, diputados y presidentes municipales, sino también a que se utilizó el aparato judicial y militar para interferir en ciertos estados, tales casos fueron los de Michoacán y Quintana Roo, en donde se realizaron operativos en contra de presidentes municipales y candidatos acusándolos de nexos con el narcotráfico, aunque después la gran mayoría de estos casos no pudieran sustentarse ante los tribunales, no obstante, el golpe político estaba dado.

En lo que concierne a los límites que todos los estados deben respetar en términos de soberanía y no injerencia en asuntos que competen al Estado mexicano, tal como su seguridad nacional, en este caso se vio seriamente fragilizada. Al hacer del centro de la política interna la guerra contra las drogas por parte del gobierno de Calderón, termino por alinearse a una política exterior impuesta por los EEUU hacia diferentes partes del mundo y en particular en América Latina.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como diversos agentes de los servicios de seguridad nacional de los EEUU comenzaron a operar en territorio mexicano, sin haber pasado por un aprobación previa por el Congreso mexicano. Es así que las fuerzas de seguridad de otro país tuvieron amplio margen de maniobra para investigar, intervenir e incidir en asuntos relacionados con la seguridad nacional del país.

Hoy día la concepción de la seguridad nacional, se ha reconfigurado, así como el de soberanía, hoy no se puede pensar que ningún estado u organismo internacional tenga cierta incidencia en los asuntos de otros países, no obstante, esto debe hacerse bajo un marco regulatorio y de forma transparente, de tal modo que se permita saber cuáles serán las funciones de éstos y hasta dónde llegarán sus atribuciones.

No obstante, en el caso de México, no hubo tal marco regulatorio, ni transparencia, por lo que pocas cosas que se conocen del actuar de fuerzas de seguridad de EEUU, se conocen a través de la prensa o de filtraciones, pero no por medios institucionales.

De tal modo, que la guerra contra las drogas puso en riesgo y vulneró varios principios de un estado democrático, un ejemplo de esto se encuentra en “Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército” de Amnistía Internacional México, en donde se puede concluir que en el país se vivió de cerca un estado de excepción durante la guerra contra el narcotráfico, ya que se suprimieron derechos y el Ejército actúo libremente y de forma impune en contra de la población civil.

Por otro parte, los avances en el sistema político democrático se vio mermado a razón de la utilización de los instrumentos judiciales y fuerzas de seguridad pública para socavar oponentes políticos, de tal modo, que con ello se socavo garantías de derechos políticos tanto de la población como de diferentes actores.

La situación contra la población civil fue mucho más grave, no obstante, es algo que posteriormente analizaremos, sin embargo, es importante reflexionar sobre los elementos que señalamos en este artículo, y que son relevantes para el funcionamiento de un estado democrático.