El inicio de la administración del presidente Felipe Calderón, redefinió la política interna y exterior del país, ésta se centró en un combate frontal al crimen organizado dedicado al tráfico, producción y comercio de drogas. Esta redefinición y actuación durante seis años tuvo como resultado serios riesgos a una democracia incipiente y a los límites de soberanía que se debe guardar en el marco de las relaciones internacionales.
¿Qué elementos se pusieron en riesgo de un sistema democrático? Uno de los primeros signos que se reconoce en todo estado democrático, es que para que las fuerzas militares realicen actividades que no están dentro del marco de su orden jurídico, tienen que pasar por una aprobación de los poderes legislativo o judicial. Y aunque anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se había pronunciado porque en casos excepcionales las fuerzas armadas participarán en labores de seguridad pública, la situación derivada de la violencia entre carteles y fuerzas del orden, requería establecer lineamientos claros para la actuación y facultades que tendrían para realizar éstas labores. Por otra parte, dado que la Constitución establece que sólo el Ejército podrá realizar estas labores en “tiempos de guerra”, se tendrían que haber establecido reformas constitucionales y legislativa para permitir la operación de la institución para las labores que el Ejecutivo había decidido conferir, o en todo caso el Congreso tenía que haber declarado tal situación para permitir la salida del ejército a las calles.
De tal modo, que al no existir controles claros sobre la actuación de las fuerzas militares, devino en una serie de violaciones de derechos humanos que vulneraron principios básicos de todo sistema democrático, tales como el derecho al debido proceso, al realizarse detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Estas situaciones se presentaron no sólo contra presuntos delincuentes, sino también contra población civil sobre la que no se tenía ninguna presunción como lo documentó en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones civiles de derechos humanos.
Pero no sólo esto, también el sistema político democrático se vio en serios riesgos, las diversas elecciones que se celebraron en diferentes entidades del país tuvieron serias dificultades, no sólo debido al asesinato de candidatos, diputados y presidentes municipales, sino también a que se utilizó el aparato judicial y militar para interferir en ciertos estados, tales casos fueron los de Michoacán y Quintana Roo, en donde se realizaron operativos en contra de presidentes municipales y candidatos acusándolos de nexos con el narcotráfico, aunque después la gran mayoría de estos casos no pudieran sustentarse ante los tribunales, no obstante, el golpe político estaba dado.
En lo que concierne a los límites que todos los estados deben respetar en términos de soberanía y no injerencia en asuntos que competen al Estado mexicano, tal como su seguridad nacional, en este caso se vio seriamente fragilizada. Al hacer del centro de la política interna la guerra contra las drogas por parte del gobierno de Calderón, termino por alinearse a una política exterior impuesta por los EEUU hacia diferentes partes del mundo y en particular en América Latina.
Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como diversos agentes de los servicios de seguridad nacional de los EEUU comenzaron a operar en territorio mexicano, sin haber pasado por un aprobación previa por el Congreso mexicano. Es así que las fuerzas de seguridad de otro país tuvieron amplio margen de maniobra para investigar, intervenir e incidir en asuntos relacionados con la seguridad nacional del país.
Hoy día la concepción de la seguridad nacional, se ha reconfigurado, así como el de soberanía, hoy no se puede pensar que ningún estado u organismo internacional tenga cierta incidencia en los asuntos de otros países, no obstante, esto debe hacerse bajo un marco regulatorio y de forma transparente, de tal modo que se permita saber cuáles serán las funciones de éstos y hasta dónde llegarán sus atribuciones.
No obstante, en el caso de México, no hubo tal marco regulatorio, ni transparencia, por lo que pocas cosas que se conocen del actuar de fuerzas de seguridad de EEUU, se conocen a través de la prensa o de filtraciones, pero no por medios institucionales.
De tal modo, que la guerra contra las drogas puso en riesgo y vulneró varios principios de un estado democrático, un ejemplo de esto se encuentra en “Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército” de Amnistía Internacional México, en donde se puede concluir que en el país se vivió de cerca un estado de excepción durante la guerra contra el narcotráfico, ya que se suprimieron derechos y el Ejército actúo libremente y de forma impune en contra de la población civil.
Por otro parte, los avances en el sistema político democrático se vio mermado a razón de la utilización de los instrumentos judiciales y fuerzas de seguridad pública para socavar oponentes políticos, de tal modo, que con ello se socavo garantías de derechos políticos tanto de la población como de diferentes actores.
La situación contra la población civil fue mucho más grave, no obstante, es algo que posteriormente analizaremos, sin embargo, es importante reflexionar sobre los elementos que señalamos en este artículo, y que son relevantes para el funcionamiento de un estado democrático.
