El 2 de diciembre de 2012, los representantes de las tres
principales fuerzas políticas del país (PAN, PRD y PRI) y el nuevo presidente
Enrique Peña Nieto, anuncian la firma de un pacto político, el Pacto por
México. Dicho pacto se anunciaba, tendría las dimensiones similares a los Pactos
de la Moncloa, los cuales representaron el paso del régimen franquista a una
transición democrática, en donde se congregaban a las diferentes fuerzas
políticas, tanto de izquierda y de derecha, con el fin de hacer una transición
estable en lo político, lo social y lo económico. La comparación, no era
adecuada, sin embargo, así se concebía por las principales fuerzas políticas.
El Pacto por México operaba a través de un consejo Rector,
integrado por los tres principales partidos políticos y el gobierno federal, el
cual tenía tres ejes rectores: el fortalecimiento del Estado democrático de
derecho; la democratización de la política, la economía y los derechos
sociales; y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales.
Dentro de esos tres ejes rectores, estaban comprendidas una serie de acciones
que consolidarían cada uno de los ejes u objetivos principales que se planteaba
dicho pacto.
Dicho pacto político, según se informó, fue resultado de una
serie de negociaciones, entre Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio (del
PRI-equipo de transición del nuevo gobierno), Gustavo Madero y Santiago Creel
(del PAN) y Jesús Zambrano y Jesús Ortega (del PRD), así como por un equipo
técnico integrado por Aurelio Nuño del equipo de transición y del PRI, Juan
Molinar del PAN, Carlos Navarrete del PRD y José Murat como facilitador de
dicho proceso.
Uno de los objetivos centrales que se propuso dicho pacto
era: “recuperar la soberanía del estado democrático y enfrentar a poderes que
obstruyen desde distintos ángulos su acción y que buscan conservar su poder en
detrimento del interés publico.”
Es
así que las acciones estaban encaminadas a hacer frente a los poderes
económicos legales e ilegales, que habían debilitado el papel del Estado, en
particular, durante el sexenio de Felipe Calderón, en donde se había
incrementado de manera exponencial el número de asesinatos, enfrentamientos
entre carteles de la droga, la cooptación y corrupción hacia funcionarios
públicos por parte del crimen organizado, y en materia de procuración y acceso
a la justicia, el ejercicio era casi nulo, frente al incremento desmedido de
asesinatos, desapariciones forzadas y torturas.
Por
otra parte, se reconocía la recesión de la economía mexicana, los graves
retrocesos en materia de derechos sociales, así como la falta de competencia y
la nula capacidad de los poderes legislativo y ejecutivo para generar leyes que
abrieran los mercados en telecomunicaciones y en el sector energético.
Asimismo, se venía de una competencia electoral marcada por la intromisión de
las televisoras a favor del candidato del PRI a la presidencia, en particular
por parte de Televisa y las acusaciones de compra de voto a través de tarjetas
MONEX y SORIANA.
Lo
anterior hacía que la entrada del nuevo gobierno, se enfrentará a una situación
similar a la de Felipe Calderón en el inicio de su sexenio, sin legitimidad
política para operar eficazmente su plan de gobierno. Es así que la maquinaría
y operadores políticos experimentados del PRI y del equipo cercano de Peña
Nieto, previeron esa situación e hicieron un acercamiento a las dos fuerzas
políticas para lograr un acuerdo sobre temas que tenían en común, en donde
ninguno de los tres partidos había logrado sacar de manera integral su
iniciativa; por parte del PAN estaban pendientes las reformas en materia
energética y educativa, por parte del PRD, estaban las reformas en materia de
telecomunicaciones y en algunas iniciativas de tipo social, y por parte del PRI,
dentro de su agenda consideraba prioritarias la reforma fiscal y la energética.
En
el ámbito fiscal, el PAN se opuso a la iniciativa del gobierno federal. A
diferencia de las otras reformas, en donde se votaba por mayoría absoluta, dado
que había acuerdos previos entre las cúpulas partidarias, sus diputados y
senadores, en la mayoría de los casos, votaban previamente lo acordado, en el
caso de la reforma fiscal, la mayoría de legisladores del PAN voto en contra
del PAN y el PRD votó a favor en alianza con el PRI. De igual modo, las
principales agrupaciones empresariales se manifestaron en contra de dicha
reforma y anunciaban acciones legales para impedir su aplicación.
Este
fue uno de los momentos más álgidos del Pacto, dado que se pedía por varios
integrantes del PAN que el partido saliera de este mecanismo, dado que
–argumentaban los detractores- lo supeditaba al gobierno federal. A pesar de
esta situación, el partido político decidió continuar en éste, pero
manifestando abiertamente el rechazo a reformas que no estuvieran claramente
consensuadas.
Sin
embargo, el punto que llevó al fin de dicho acuerdo político, fue la reforma
energética, el PRD, se opuso a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, y
ante las voces cada vez más disidentes del Pacto dentro del partido, y frente a
la inminente aprobación de dicha iniciativa con apoyo del PAN y del PRI,
decidió salirse.
Así,
finalizó un acuerdo político que tuvo
una vigencia de un poco más de un año, y que tenía visos de convertirse en un momento
de gran operación política, tanto por parte de los partidos como por el
gobierno federal y que podía pasar de una polarización política, a un diálogo
institucionalizado y plural que permitiera converger los intereses en común que
tenían los tres partidos. Sin embargo, el Pacto se planteó demasiado ambicioso
y contenía temas tan diversos, que harían entrar en confrontación en cualquier
momento a dichos partidos. Por otra parte, el gobierno federal no cedería dos
de sus principales iniciativas que tenían y tienen como ejes, la fiscal y la
energética, es así que a pesar de la confrontación entre partidos y la ruptura
del Pacto, decidió en una ir con el PRD y otra con el PAN.
No
hay forma de compararlo lo hecho en México, con lo sucedido en España y Adolfo
Suarez, después de la muerte de Franco, dado que no se venía de una dictadura,
ni tampoco había una situación política similar a la de ese entonces, en donde
estaban ilegalizados ciertas agrupaciones o partidos y las libertades y
derechos estaban restringidos.
Y
si bien puede servir como un espacio de deliberación y acuerdos, los últimos
dos gobiernos federales no lograron generar el consenso a través de sus
coordinadores, debido a que el diálogo entre las fuerzas políticas era casi
nulo. Con Vicente Fox, se dio un momento de crispación fuerte, por indagar
sobre los crímenes cometidos en el pasado por parte de gobiernos priistas, en tanto
que se confrontó con el PRD, a raíz de su enemistad con López Obrador y el
intento de que no fuera contendiente a la presidencia. En el caso de Felipe
Calderón, el diálogo con la izquierda estaba roto, no había posibilidad, debido
al proceso electoral y la forma en cómo se dieron los resultados tan cerrados,
le quedó sólo tratar de hacer negociaciones con el PRI, lo que llevó a que más
que tener la batuta el gobierno en turno, la llevará este partido, dado que
dependía en absoluto de éste, para sacar adelante alguna iniciativa o reforma.
Es
así que si hacemos el balance por cada uno de los actores involucrados, se
diría que sin duda el actor que ha logrado los objetivos que se propuso a
través de este Pacto, fue el gobierno federal. En tanto que el PRD y el PAN,
han logrado parcialmente sus objetivos, pero que por el contrario han generado
un amplio desprestigio entre sus bases y militantes.
¿Valdría
la pena retomar este Pacto? Tal vez, sin embargo, en la realidad es imposible,
como he señalado son temas tan divergentes los que se encuentran dentro de
éste, que fácilmente confronta a sus actores. Más bien, se tendría que
rediseñar, pensar en acotarlo y hacerlo por objetivos, en la medida que estos
se cumplan generar otro tipo de consenso. Sin embargo, lo que se observa es que
la estrategia del gobierno federal y del PRI, serán optar por negociar de forma
separada con cada una de las fuerzas políticas ciertos temas y así darle
continuidad a las iniciativas que planteen.
El
Pacto por México, sin duda representó la posibilidad de una nueva política, más
institucional, menos polarizante y más plural, sin embargo, los intereses de
los grupos empresariales, de los partidos y del gobierno federal, difícilmente
lograrían la vigencia de dicho Pacto. Por otra parte, el contenido de dicho
Pacto debió centrarse en temas que tuvieran mayor impacto social y mejoría en
la opinión pública, tales como generar un incremento presupuestal para la
generación de mayores planteles e instituciones de educación media y superior,
incremento presupuestal y mejoría de la infraestructura y personal de las instituciones
de salud pública, y un política agroindustrial, en donde existiera mayor
inversión y apoyos al campo y a la
industria.
Lo
anterior, estaba dentro del Pacto, pero no eran acciones prioritarias, ni
estaban claramente delineadas, es así que dicho acuerdo político para la
población en general no representó beneficios directos, y la opinión pública
hacia la clase política es mayormente negativa.
Valdría
que la izquierda logrará una negociación política de forma pública con el
gobierno federal, sobre los temas prioritarios que afectan a la población, ello
llevaría a que el gobierno federal, optará por alguna de las dos vías:
desoírlos o lograr dicha negociación e incrementar una mejora en la opinión
pública que se tiene del gobierno de Peña Nieto.
Ya veremos si eso se plantea, y si es posible, porque las
confrontaciones internas de los partidos han mermado su capacidad de operación política.