México, por la vía de los hechos, ha optado por el centralismo, mientras que en el discurso y en lo legal, por el federalismo. El centralismo de Porfirio Díaz y de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvieron gobiernos estables, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, claro que sostenidos con el uso de la fuerza y una subordinación absoluta casi inquebrantable. La alternancia en el año 2000 implicó un nuevo rostro, se fortaleció la autonomía de las entidades y se debilitó el centralismo que el país había tenido desde Díaz hasta el último gobierno del PRI -con algunos interregnos-; de hecho, el último presidente de este partido, ya no tenía la misma autoridad sobre los gobernadores, tal fue el caso del gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien se negó a renunciar después de que se demostró los recursos millonarios destinados, de manera ilegal, a su campaña, a pesar de habérselo solicitado el presidente Ernesto Zedillo.
La llegada del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia, con una amplia mayoría de gobernadores priístas, se vio como la posibilidad de un rediseño institucional, en donde el federalismo fuera una realidad por la vía de los hechos y no sólo en lo legal. Los gobernadores fueron los primeros interesados, de tal modo que, en julio de 2002, se conformó la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), como un espacio para establecer un diálogo y una nueva relación con la federación, con el fin de que las entidades tuvieran cada vez más autonomía e incidencia en las decisiones legislativas y presupuestales, que afectaban de manera directa a los estados.
Sin embargo, estos cambios, a su vez, hicieron que los gobernadores estatales no sólo buscaran mayor autonomía y de recursos para mejorar las condiciones de sus entidades, sino también, la oportunidad para ejercer un poder omnipotente en la entidad, manteniendo un control sobre los congresos locales, el poder judicial y los órganos autónomos. Pero aún más, la posibilidad de controlar de manera discrecional el manejo de los recursos, ya sea para fines electorales o para enriquecimiento personal y de ciertos grupos políticos, establecidos en el poder.
Otro reto que se tuvo que enfrentar, frente a la debilidad del centralismo, fue el narcotráfico, ya que tuvo la capacidad de cooptación no sólo a nivel municipal sino también estatal. De tal modo que, varios gobernadores, en particular del norte del país, han sido señalados por relación o vínculos con el narcotráfico, incluidos lo titulares de las procuradurías y de seguridad pública estatal.
De tal manera que, las entidades no sólo enfrentaron el intento de control absoluto por parte de los poderes ejecutivos locales, sino también la emergencia y control de otros poderes informales, tanto legales como ilegales. Frente a esto, se abrió un debate público, sobre qué hacer con el poder de los gobernadores, convertidos en caciques locales, así como la captura de las instituciones de seguridad y procuración de justicia por parte del crimen organizado. Algunos plantearon que debían establecerse mayores controles a nivel federal sobre las entidades y, del otro lado, se planteaba profundizar la democratización a nivel estatal.
Termino por prevalecer el primer enfoque, por lo que decidió centralizarse el poder, con el fin de limitar la capacidad de control que tenían los gobernadores sobre los órganos electorales, los de acceso a la información, de las comisiones de derechos humanos y contralorías. Así que, se dotó al Instituto Nacional Electoral (INE) de mayores poderes para la organización y control de los institutos electorales a nivel estatal, de igual modo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que pudiera dirimir ciertos casos, en los que no se hiciera efectivo el derecho de acceso a la información pública, de igual modo, se hicieron reformas para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Auditoría Superior de la Federación, tuvieran mayor incidencia a nivel estatal.
En materia de seguridad pública se establecieron mandos únicos a nivel estatal, de tal modo que las policías municipales quedaban bajo su jurisdicción, y se incrementó la participación de la Policía Federal en las entidades. El ejército y la marina, jugaron -y juegan- un rol importante en lo que se refiere a la seguridad de las entidades, por lo que, varias de las acciones en materia de seguridad se realizan de manera conjunta con la federación.
Por lo tanto, de nuevo volvió a prevalecer la concepción de que el centralismo establecería no sólo un mayor control sobre los intentos de autoritarismo y enriquecimiento ilícito de los gobernadores, sino a su vez, traería mayor estabilidad social y seguridad.
Sin embargo, este enfoque olvida a dos actores que han jugado un rol importante no sólo en la democratización de los estados, sino a la vez en la denuncia de actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado, estos dos han sido: los periodistas y la sociedad civil organizada.
En relación a los primeros, estos han tenido rol fundamental para denunciar las irregularidades en el manejo del presupuesto público, los vínculos con diferentes organizaciones criminales, así como los "estilos personales" de gobernar. En lo que se refiere al exgobernador Javier Duarte, varios periodistas y medios, hicieron denuncias sobre los casos de corrupción, así como los vínculos de candidatos del PRI y del PAN, en Veracuz, con organizaciones criminales. Lo mismo sucedió en otras entidades, en donde ahora están bajo proceso o sentenciados diversos exgobernadores; Tabasco, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Chiapas, entre otras entidades, los medios y periodistas habían documentado como se presentaban diversos casos de corrupción.
Dada la capacidad de impacto en la opinión pública que tiene el trabajo de los periodistas en ventilar estos casos, varios de estos han sido asesinados o encarcelados; fotorreporteros y periodistas que mostraban los lados más corrompidos o autoritarios fueron asesinados de maneras atroces. Estos actos son una manera de acallar y de intimidar a los medios que intenten auscultar y revelar el poder de los gobernadores y poderes locales, como el crimen organizado.
El Congreso no ha tomado medidas de mayor impulso a la protección de los periodistas, de dotar de mayor autonomía y recursos a las fiscalías especializadas para delitos contra periodistas, así como a las Comisiones de derechos humanos; no los ha asumido como uno de los agravios mayores hacia la sociedad, lo que implicaría no sólo actos conmemorativos y de luto por cada periodista asesinado, sino también llamados desde el Congreso hacia las entidades y pedir la atracción de los casos, en los que se sospeche la colusión de autoridades locales en algún asesinato; mientras no se haga lo anterior, el periodismo seguirá siendo una actividad "clandestina" para democratizar las entidades.
Por su parte, la sociedad civil organizada ha jugado un papel preponderante para la exigencia del cumplimiento y reconocimiento de una serie de derechos, así como también ha planteado estrategias y soluciones a problemáticas que suceden en lo local, que van desde pobreza, migración, corrupción, seguridad pública, desaparición forzada, entre otros.
Sin embargo, en materia legal y de recursos -con excepción de la Ciudad de México-, se encuentran en una precariedad absoluta, dado que los trámites para constituir asociaciones civiles son innumerables, aunado a los costos; pero más aún, carecen de fondos públicos y privados que permitan fortalecer la actuación de la sociedad civil. A lo anterior, también activistas y luchadores sociales han tenido que enfrentar amenazas, el peligro a su integridad física, así como la perdida de vida, por su labor realizada.
Observando que el Congreso se ha interesado por consolidar central y que han olvidado a dos actores centrales, en la democratización a nivel local, el panorama no se ve alentador. La centralización tenderá a depender más de vaivenes e intereses políticos, que del actuar de los gobernadores. Los partidos no sólo deciden quienes ocupan los órganos autónomos, sino también inciden en sus decisiones, junto a ello, el poder del presidente tiene cierta capacidad de proteger a gobernadores de su mismo partido y fustigar o chantajear a gobernadores de otros partidos (tales son los casos de Javier Duarte, Cesar Duarte y Roberto Borge).
El federalismo no es sólo un ideal democrático, sino una manera de hacer que la participación y desarrollo local, sea más efectivo y que las dinámicas y evolución local se inclinen por una democratización , sin que dependa de la federación para hacerla efectiva. Pero para ello requiere de mayores controles democráticos a nivel local y de fortalecer el peridodismo y la sociedad civil, que han sido fundamentales para el desarrollo democrático, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.
Se requieren de fiscalías autónomas, de mayor poder a las comisiones de derechos humanos locales, de las de acceso a la información y de un papel cada vez más relevante de los poderes judiciales estatales, en donde el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de la Nación, tienen que hacerse cargo de ello. Asimismo, se requieren de mecanismo de protección para periodistas, de la investigación de casos y justicia revindicativa del derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, la sociedad civil organizada debe ser incluida en los diferentes ámbitos del poder público, desde observadores, como integrantes de Consejos, como técnicos, asesores e incluso titulares de dependencias. Pero para ello se requieren reformas a que faciliten una sociedad civil formalmente organizada, así como fondos públicos a nivel federal y estatal, que permitan el fortalecimiento paulatino de la sociedad civil. De igual modo, se requiere de campañas informativas que promuevan la participación de la ciudadanía en el quehacer público, no sólo los días de elecciones, sino de manera cotidiana y en las diversas problemáticas que aquejan a sus comunidades.
El federalismo en México significa recorrer un largo y sinuoso camino, después de haber heredado un modelo centralista de la Colonia y haberlo retomado y moldeado como país independiente. Pero, la experiencia de diversos países muestran que el federalismo tiende a un mejor desarrollo social y económico a nivel local, así como a una mayor democratización y participación de la ciudadanía, pero para ello requiere que se integre y consolide al periodismo y la sociedad civil, como dos poderes alternos que logran establecer los equilibrios democráticos.
