El balance del Pacto por México

El 2 de diciembre de 2012, los representantes de las tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRD y PRI) y el nuevo presidente Enrique Peña Nieto, anuncian la firma de un pacto político, el Pacto por México. Dicho pacto se anunciaba, tendría las dimensiones similares a los Pactos de la Moncloa, los cuales representaron el paso del régimen franquista a una transición democrática, en donde se congregaban a las diferentes fuerzas políticas, tanto de izquierda y de derecha, con el fin de hacer una transición estable en lo político, lo social y lo económico. La comparación, no era adecuada, sin embargo, así se concebía por las principales fuerzas políticas.

El Pacto por México operaba a través de un consejo Rector, integrado por los tres principales partidos políticos y el gobierno federal, el cual tenía tres ejes rectores: el fortalecimiento del Estado democrático de derecho; la democratización de la política, la economía y los derechos sociales; y la participación de los ciudadanos como actores fundamentales. Dentro de esos tres ejes rectores, estaban comprendidas una serie de acciones que consolidarían cada uno de los ejes u objetivos principales que se planteaba dicho pacto.

Dicho pacto político, según se informó, fue resultado de una serie de negociaciones, entre Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio (del PRI-equipo de transición del nuevo gobierno), Gustavo Madero y Santiago Creel (del PAN) y Jesús Zambrano y Jesús Ortega (del PRD), así como por un equipo técnico integrado por Aurelio Nuño del equipo de transición y del PRI, Juan Molinar del PAN, Carlos Navarrete del PRD y José Murat como facilitador de dicho proceso.

Uno de los objetivos centrales que se propuso dicho pacto era: “recuperar la soberanía del estado democrático y enfrentar a poderes que obstruyen desde distintos ángulos su acción y que buscan conservar su poder en detrimento del interés publico.”

Es así que las acciones estaban encaminadas a hacer frente a los poderes económicos legales e ilegales, que habían debilitado el papel del Estado, en particular, durante el sexenio de Felipe Calderón, en donde se había incrementado de manera exponencial el número de asesinatos, enfrentamientos entre carteles de la droga, la cooptación y corrupción hacia funcionarios públicos por parte del crimen organizado, y en materia de procuración y acceso a la justicia, el ejercicio era casi nulo, frente al incremento desmedido de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas.

Por otra parte, se reconocía la recesión de la economía mexicana, los graves retrocesos en materia de derechos sociales, así como la falta de competencia y la nula capacidad de los poderes legislativo y ejecutivo para generar leyes que abrieran los mercados en telecomunicaciones y en el sector energético. Asimismo, se venía de una competencia electoral marcada por la intromisión de las televisoras a favor del candidato del PRI a la presidencia, en particular por parte de Televisa y las acusaciones de compra de voto a través de tarjetas MONEX y SORIANA.

Lo anterior hacía que la entrada del nuevo gobierno, se enfrentará a una situación similar a la de Felipe Calderón en el inicio de su sexenio, sin legitimidad política para operar eficazmente su plan de gobierno. Es así que la maquinaría y operadores políticos experimentados del PRI y del equipo cercano de Peña Nieto, previeron esa situación e hicieron un acercamiento a las dos fuerzas políticas para lograr un acuerdo sobre temas que tenían en común, en donde ninguno de los tres partidos había logrado sacar de manera integral su iniciativa; por parte del PAN estaban pendientes las reformas en materia energética y educativa, por parte del PRD, estaban las reformas en materia de telecomunicaciones y en algunas iniciativas de tipo social, y por parte del PRI, dentro de su agenda consideraba prioritarias la reforma fiscal y la energética.

Los resultados de dicho pacto, fueron inmediatos en materia legislativa, se aprobaron reformas en materia educativa, social, competencia económica, telecomunicaciones, política-electoral, pero el momento de confrontación surgió en la reforma fiscal y en la energética.

En el ámbito fiscal, el PAN se opuso a la iniciativa del gobierno federal. A diferencia de las otras reformas, en donde se votaba por mayoría absoluta, dado que había acuerdos previos entre las cúpulas partidarias, sus diputados y senadores, en la mayoría de los casos, votaban previamente lo acordado, en el caso de la reforma fiscal, la mayoría de legisladores del PAN voto en contra del PAN y el PRD votó a favor en alianza con el PRI. De igual modo, las principales agrupaciones empresariales se manifestaron en contra de dicha reforma y anunciaban acciones legales para impedir su aplicación.

Este fue uno de los momentos más álgidos del Pacto, dado que se pedía por varios integrantes del PAN que el partido saliera de este mecanismo, dado que –argumentaban los detractores- lo supeditaba al gobierno federal. A pesar de esta situación, el partido político decidió continuar en éste, pero manifestando abiertamente el rechazo a reformas que no estuvieran claramente consensuadas.

Sin embargo, el punto que llevó al fin de dicho acuerdo político, fue la reforma energética, el PRD, se opuso a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, y ante las voces cada vez más disidentes del Pacto dentro del partido, y frente a la inminente aprobación de dicha iniciativa con apoyo del PAN y del PRI, decidió salirse.

Así, finalizó un acuerdo político que  tuvo una vigencia de un poco más de un año, y que tenía visos de convertirse en un momento de gran operación política, tanto por parte de los partidos como por el gobierno federal y que podía pasar de una polarización política, a un diálogo institucionalizado y plural que permitiera converger los intereses en común que tenían los tres partidos. Sin embargo, el Pacto se planteó demasiado ambicioso y contenía temas tan diversos, que harían entrar en confrontación en cualquier momento a dichos partidos. Por otra parte, el gobierno federal no cedería dos de sus principales iniciativas que tenían y tienen como ejes, la fiscal y la energética, es así que a pesar de la confrontación entre partidos y la ruptura del Pacto, decidió en una ir con el PRD y otra con el PAN.

Pero en términos democráticos y políticos ¿cuál es el balance de dicho Pacto?, ¿realmente representaría un momentum similar al de los Pactos de la Moncloa, donde la pluralidad de actores políticos deciden una agenda común para la consolidación democrática y el crecimiento económico?

No hay forma de compararlo lo hecho en México, con lo sucedido en España y Adolfo Suarez, después de la muerte de Franco, dado que no se venía de una dictadura, ni tampoco había una situación política similar a la de ese entonces, en donde estaban ilegalizados ciertas agrupaciones o partidos y las libertades y derechos estaban restringidos.

Sin embargo, si se puede señalar que representaba un momento de hacer política de una forma menos polarizada y asimismo, permitía a las diferentes fuerzas discutir y consensuar temas que tuvieran en común. Muchos señalaron que para eso estaba la Cámara de diputados y el Senado, como espacio de deliberación y acuerdos. Sin embargo, el Congreso de la Unión, no es únicamente eso, sino también sirve de espacio de contrapeso al poder ejecutivo, dado que puede servir para la rendición de cuentas, la generación de iniciativas que tiendan a mejorar el estado democrático del país y para dotar de funcionalidad a muchas instituciones y leyes secundarias.

Y si bien puede servir como un espacio de deliberación y acuerdos, los últimos dos gobiernos federales no lograron generar el consenso a través de sus coordinadores, debido a que el diálogo entre las fuerzas políticas era casi nulo. Con Vicente Fox, se dio un momento de crispación fuerte, por indagar sobre los crímenes cometidos en el pasado por parte de gobiernos priistas, en tanto que se confrontó con el PRD, a raíz de su enemistad con López Obrador y el intento de que no fuera contendiente a la presidencia. En el caso de Felipe Calderón, el diálogo con la izquierda estaba roto, no había posibilidad, debido al proceso electoral y la forma en cómo se dieron los resultados tan cerrados, le quedó sólo tratar de hacer negociaciones con el PRI, lo que llevó a que más que tener la batuta el gobierno en turno, la llevará este partido, dado que dependía en absoluto de éste, para sacar adelante alguna iniciativa o reforma.

Frente a estos escenarios y ante la crispación política derivada de las elecciones de 2012, las acusaciones de la compra de voto y el innegable apoyo por parte de la Televisa, se podían dar sólo dos opciones: el gobierno federal depender del PAN, al no tener mayorías absolutas para la aprobación de sus reformas y estar en confrontación permanente con la izquierda u optar por una vía de negociación política entre las tres fuerzas, de tal modo que el gobierno federal, no dependiera de ninguna de éstas para sacar adelante sus reformas. Se optó por la segunda y la estrategia fue acertada.

Es así que si hacemos el balance por cada uno de los actores involucrados, se diría que sin duda el actor que ha logrado los objetivos que se propuso a través de este Pacto, fue el gobierno federal. En tanto que el PRD y el PAN, han logrado parcialmente sus objetivos, pero que por el contrario han generado un amplio desprestigio entre sus bases y militantes.

¿Consolido democrática y económicamente al país? Es algo que no puede afirmarse claramente, dado que si bien muchas reformas están centradas en transparencia, en materia electoral y en competencia económica, sólo su operación y el tiempo podrían realmente decirnos si hay una consolidación en estos ámbitos.

¿Valdría la pena retomar este Pacto? Tal vez, sin embargo, en la realidad es imposible, como he señalado son temas tan divergentes los que se encuentran dentro de éste, que fácilmente confronta a sus actores. Más bien, se tendría que rediseñar, pensar en acotarlo y hacerlo por objetivos, en la medida que estos se cumplan generar otro tipo de consenso. Sin embargo, lo que se observa es que la estrategia del gobierno federal y del PRI, serán optar por negociar de forma separada con cada una de las fuerzas políticas ciertos temas y así darle continuidad a las iniciativas que planteen.

El Pacto por México, sin duda representó la posibilidad de una nueva política, más institucional, menos polarizante y más plural, sin embargo, los intereses de los grupos empresariales, de los partidos y del gobierno federal, difícilmente lograrían la vigencia de dicho Pacto. Por otra parte, el contenido de dicho Pacto debió centrarse en temas que tuvieran mayor impacto social y mejoría en la opinión pública, tales como generar un incremento presupuestal para la generación de mayores planteles e instituciones de educación media y superior, incremento presupuestal y mejoría de la infraestructura y personal de las instituciones de salud pública, y un política agroindustrial, en donde existiera mayor inversión y apoyos al campo y a  la industria.

Lo anterior, estaba dentro del Pacto, pero no eran acciones prioritarias, ni estaban claramente delineadas, es así que dicho acuerdo político para la población en general no representó beneficios directos, y la opinión pública hacia la clase política es mayormente negativa.

Valdría que la izquierda logrará una negociación política de forma pública con el gobierno federal, sobre los temas prioritarios que afectan a la población, ello llevaría a que el gobierno federal, optará por alguna de las dos vías: desoírlos o lograr dicha negociación e incrementar una mejora en la opinión pública que se tiene del gobierno de Peña Nieto.

Ya veremos si eso se plantea, y si es posible, porque las confrontaciones internas de los partidos han mermado su capacidad de operación política.

Guerra contra las drogas: riesgos a la democracia y a la soberanía

El inicio de la administración del presidente Felipe Calderón, redefinió la política interna y exterior del país, ésta se centró en un combate frontal al crimen organizado dedicado al tráfico, producción y comercio de drogas. Esta redefinición y actuación durante seis años tuvo como resultado serios riesgos a una democracia incipiente y a los límites de soberanía que se debe guardar en el marco de las relaciones internacionales.

¿Qué elementos se pusieron en riesgo de un sistema democrático? Uno de los primeros signos que se reconoce en todo estado democrático, es que para que las fuerzas militares realicen actividades que no están dentro del marco de su orden jurídico, tienen que pasar por una aprobación de los poderes legislativo o judicial. Y aunque anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se había pronunciado porque en casos excepcionales las fuerzas armadas participarán en labores de seguridad pública, la situación derivada de la violencia entre carteles y fuerzas del orden, requería establecer lineamientos claros para la actuación y facultades que tendrían para realizar éstas labores. Por otra parte, dado que la Constitución establece que sólo el Ejército podrá realizar estas labores en “tiempos de guerra”, se tendrían que haber establecido reformas constitucionales y legislativa para permitir la operación de la institución para las labores que el Ejecutivo había decidido conferir, o en todo caso el Congreso tenía que haber declarado tal situación para permitir la salida del ejército a las calles.

De tal modo, que al no existir controles claros sobre la actuación de las fuerzas militares, devino en una serie de violaciones de derechos humanos que vulneraron principios básicos de todo sistema democrático, tales como el derecho al debido proceso, al realizarse detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Estas situaciones se presentaron no sólo contra presuntos delincuentes, sino también contra población civil sobre la que no se tenía ninguna presunción como lo documentó en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones civiles de derechos humanos.

Pero no sólo esto, también el sistema político democrático se vio en serios riesgos, las diversas elecciones que se celebraron en diferentes entidades del país tuvieron serias dificultades, no sólo debido al asesinato de candidatos, diputados y presidentes municipales, sino también a que se utilizó el aparato judicial y militar para interferir en ciertos estados, tales casos fueron los de Michoacán y Quintana Roo, en donde se realizaron operativos en contra de presidentes municipales y candidatos acusándolos de nexos con el narcotráfico, aunque después la gran mayoría de estos casos no pudieran sustentarse ante los tribunales, no obstante, el golpe político estaba dado.

En lo que concierne a los límites que todos los estados deben respetar en términos de soberanía y no injerencia en asuntos que competen al Estado mexicano, tal como su seguridad nacional, en este caso se vio seriamente fragilizada. Al hacer del centro de la política interna la guerra contra las drogas por parte del gobierno de Calderón, termino por alinearse a una política exterior impuesta por los EEUU hacia diferentes partes del mundo y en particular en América Latina.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como diversos agentes de los servicios de seguridad nacional de los EEUU comenzaron a operar en territorio mexicano, sin haber pasado por un aprobación previa por el Congreso mexicano. Es así que las fuerzas de seguridad de otro país tuvieron amplio margen de maniobra para investigar, intervenir e incidir en asuntos relacionados con la seguridad nacional del país.

Hoy día la concepción de la seguridad nacional, se ha reconfigurado, así como el de soberanía, hoy no se puede pensar que ningún estado u organismo internacional tenga cierta incidencia en los asuntos de otros países, no obstante, esto debe hacerse bajo un marco regulatorio y de forma transparente, de tal modo que se permita saber cuáles serán las funciones de éstos y hasta dónde llegarán sus atribuciones.

No obstante, en el caso de México, no hubo tal marco regulatorio, ni transparencia, por lo que pocas cosas que se conocen del actuar de fuerzas de seguridad de EEUU, se conocen a través de la prensa o de filtraciones, pero no por medios institucionales.

De tal modo, que la guerra contra las drogas puso en riesgo y vulneró varios principios de un estado democrático, un ejemplo de esto se encuentra en “Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército” de Amnistía Internacional México, en donde se puede concluir que en el país se vivió de cerca un estado de excepción durante la guerra contra el narcotráfico, ya que se suprimieron derechos y el Ejército actúo libremente y de forma impune en contra de la población civil.

Por otro parte, los avances en el sistema político democrático se vio mermado a razón de la utilización de los instrumentos judiciales y fuerzas de seguridad pública para socavar oponentes políticos, de tal modo, que con ello se socavo garantías de derechos políticos tanto de la población como de diferentes actores.

La situación contra la población civil fue mucho más grave, no obstante, es algo que posteriormente analizaremos, sin embargo, es importante reflexionar sobre los elementos que señalamos en este artículo, y que son relevantes para el funcionamiento de un estado democrático.

¿Libertad o seguridad?

La respuesta a este artículo pareciera ser obvia, para un sector de la sociedad, en donde la libertad es un valor supremo que no se puede subsumir a la seguridad. La libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de asociación entre muchas otras -que son libertades que se ejercen a través del reconocimiento expreso de derechos-, muchos dirían que no se pueden subordinar a la idea de proteger a un Estado o a una población, de una amenaza externa o interna.

Pero, ¿qué pasa cuando un grupo armado con organización y financiamiento, puede poner en riesgo el ejercicio de ciertas libertades, tales como el libre tránsito, la libertad de expresión y la libertad de asociación? 

El ataque a las torres del World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2011, llevo a la discusión e incluso la aplicación de que  el ejercicio de ciertos derechos tenía que ser restringido con el afán de proteger un derecho aún mayor que derechos como la intimidad o el libre tránsito, el derecho a la vida. Proteger la vida de las personas o de una población se volvió el argumento principal para limitar el ejercicio de ciertos derechos, tales como la intimidad o la privacidad, ya que se decidieron aplicar medidas como intervenir llamadas telefónicas, correos electrónicos y otro tipo de conversaciones de tipo personal, en donde se sospechará que podía estarse planeando alguna acción que pusiera en riesgo la integridad de las personas.

El narcotráfico con su capacidad militar, económica y transnacional, puso en riesgo la estabilidad política de varios estados, así como la integridad de su población. En América Latina (AL), hay diversos casos tales como el de Colombia, Centroamérica  y recientemente en el caso de México. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se decidió establecer una estrategia militar para hacer frente al crimen organizado, este tipo de estrategia conllevó una serie de restricciones a derechos constitucionales, principalmente el libre tránsito y el derecho a la privacidad. En estados en el norte del país, así como en regiones del centro, los diversos carteles del narcotráfico, extorsionaban, atacaban e incluso eliminaban a parte de su población. Esta situación la vivieron y viven como quienes residen en esos territorios, como quienes transitan por ellos.

Tanto los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y en diversas partes del mundo por parte de Al-Qaeda, así como la actuación de grupos criminales que ponen en riesgo la estabilidad e integridad de la población de un país, lleva a que los estados implementen medidas que tienden a limitar el ejercicio de derechos y con ello de libertades, con el afán de evitar mayores riesgos a la población y a sus gobiernos.

No obstante, los cables de Estados Unidos (EEUU) filtrados por Wikileaks, revelaron una forma de actuar por parte de EEUU, pero también de otros estados, en donde el aparato de inteligencia, así como la diplomacia, era usada no solo con fines de proteger la integridad de su población y la estabilidad de sus gobiernos, sino también para espiar a estados pares, con fines comerciales o políticos. Asimismo, en el caso de Edward J. Snowden, ex integrante de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), reveló documentos clasificados en donde EEUU utilizaba a diversas empresas que proporcionan servicios informáticos, para espiar a sus ciudadanos y a gran parte del mundo.

Esto último provocó un gran debate, sobre hasta dónde los estados podían hacer uso de los instrumentos de inteligencia y espionaje, así como quién vigila al “vigilante”. En particular, cuando se reveló que el tipo de espionaje fue para fines comerciales o de tipo políticos, los casos que se conocieron en AL fueron Brasil y México.

Ahora bien, este tipo de actuación por parte de EEUU y diversos estados, no es nueva, más bien podríamos decir que es una tradición. Tanto estados totalitarios como democráticos han hecho uso del espionaje con motivos políticos, militares o comerciales, claro con enormes diferencias entre ambos. El caso del watergate, así como el macarthismo en EEUU, la polícia secreta de Rusia, la KGB, así como casos de dictaduras y gobiernos autoritarios en AL, son muestra de cómo se han utilizado los aparatos de inteligencia con fines políticos y represeivos (claro con diversos matices y diferencias entre los estados democráticos y los totalitarios).

Es cierto que los estados deben contar con herramientas y aparatos de inteligencia que les permitan hacer frente a riesgos que pueden poner en riesgo la estabilidad de un gobierno o la integridad de su población. No obstante, todo estado democrático debe contar con un marco legal que limite el ejercicio de las funciones gubernamentales, de tal modo que no haga uso del espionaje o de la inteligencia con el afán de establecer formas de control absoluto sobre su población.

Quienes se especializan en el tema del derecho de acceso a la información pública, consideran que hay información que no puede ser pública, porque ello puede perjudicar una investigación judicial o incluso poner en riesgo la estabilidad económica o política de un país. Esto es cierto, todo derecho tiene límites, pero para establecer que es público y que es clasificado, deben establecerse criterios y límites claros, y que no termine por dotarse de poderes absolutos a un gobierno democrático. Asimismo, tiene que justificarse el por qué determinada información no puede ser pública.

El riesgo en no establecer criterios y el no fundamentar el porqué de hacer de cierta información de acceso restringido o reservado, puede llevar a que los estados de forma arbitraria digan que es público y que es reservado, de tal modo que se vuelven opacos, no rinden cuentas y el acceso a la información pierde todo sentido democrático.

Pero ¿quién vigila al “vigilante”? Aunque diversos estados democráticos tienen mecanismos para limitar que el uso de la inteligencia y el espionaje, y que no se haga más que sólo para los  fines previstos por la ley, esto no se respeta del todo. Entonces, pareciera que siempre existirá el riesgo de vivir bajo el peso de un estado que puede convertirse en el Big Brother, que traspasa los muros de la privacidad y nos mira sin que nadie lo pueda mirar a él.

Este riesgo siempre estará latente, no obstante, para ello deben existir suficientes herramientas que puedan evitar llevarnos a ese escenario catastrófico. Los institutos de acceso a la información pública, el Congreso, así como el poder judicial deben ser instrumentos que limiten el ejercicio del poder gubernamental. Los institutos que protegen y garantizan el acceso a la información pública, son piezas clave, para ser un intermediario entre el ciudadano y el gobierno, y observar en donde éste último ha puesto la frontera entre lo reservado y lo público. Asimismo, el Congreso, es el espacio más plural, hablando políticamente, en donde la diversidad de partidos representados, posibilita establecer límites al ejercicio del poder del partido gobernante, ningún partido querrá verse controlado por el gobierno en turno, de tal modo que tratarán de pugnar porque no se haga uso político de los aparatos de inteligencia. El poder judicial, debe ser uno de los medios más eficaces para sancionar al estado en caso de que este vulnere derechos a través de su sistema de inteligencia, tanto particulares como entes públicos, pueden realizar acciones judiciales, para reparación de daños o evitar vulneración de otros derechos.

Y ¿qué hay de la sociedad civil?, ¿qué rol debe jugar? En este caso para sectores importantes de la sociedad no es tan claro, incluso algunos están dispuestos a renunciar a ciertas libertades con el fin o la idea que su integridad se vea salvaguardada ante todo.

Las revisiones y retenes por parte de cuerpos de seguridad pública o del ejército, los toques de queda, como restricción a la libertad de tránsito; así como la restricción a la libertad de asociación, ya sean en lugares públicos o privados como bares, discotecas u otros lugares; asimismo, la invasión a la intimidad, a través de la intervención de llamadas telefónicas, así como cualquier tipo de conversación o actividad privada, en el contexto de la guerra contra el terrorismo o contra el narcotráfico, se han vuelto comunes y aceptables por un sector importante de la sociedad. La frase “yo estoy dispuesto a renunciar a ciertos derechos con tal de que no me maten”, se ha vuelto moneda de uso corriente entre una parte de la población.

Pero es un falso dilema el decir “¿la vida o la libertad?”, un estado democrático está obligado a preservar la integridad y vida de su población, sin menoscabar o limitar el ejercicio de sus derechos. Es cierto, que puede haber situaciones excepcionales, no obstante, deben ser excepcionales y temporales, no pueden convertirse en una forma rutinaria de actuar por parte de los gobiernos.

Como sociedad, debemos tener claro que los riesgos de renunciar a ciertos derechos con el afán de mayor seguridad, al final pone en riesgo aún más nuestra integridad y nuestras libertades, dado que en un estado totalitario, termina por decidir sobre la vida e integridad de las personas. 

Toda libertad puede conllevar ciertos riesgos, es posible que el hecho de que no se establezcan retenes en cada avenida o carretera del país, haga que algún sicario, delincuente o terrorista transite libremente y que pueda ser un riesgo para la población, no obstante, uno debe asumir ese riesgo como parte de vivir en una sociedad democrática y con libertades. 

Son mayores los daños que hay cuando a toda persona se le detiene, no sólo porque nuestra vida cotidiana se vería alterada drásticamente, sino porque además todos nos convertimos en sospechosos, todos somos potenciales delincuentes, de tal modo que somos un riesgo para nosotros y para la propia población, y con ello el estado justifica que debe asumir un control absoluto dado que todas las personas son riesgos potenciales. Ésta no puede ser la mirada de un estado democrático, es más bien la de un estado totalitario, un estado que nos hace renunciar a nuestros derechos, porque todos somos un riesgo para nosotros y los demás.

Las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y el exterminio de un sector de la población han sido los resultados de estados y sociedades que han decidido renunciar a sus libertades más básicas con la idea de obtener una seguridad absoluta.

No existen seguridades absolutas, aceptar vivir en una sociedad democrática, con libertades, también implica asumir que ello puede conllevar ciertos riesgos, pero es menor el riesgo de vivir con libertad que el vivir sin ella.

Venezuela sus dos herencias, entre la democracia y el caudillismo

El libro de Enrique Krauze, “El poder y el delirio”, es una biografía política de Hugo Chávez, pero también es una radiografía política de Venezuela, es un libro imprescindible para comprender el proceso político y sus actores que se encuentran en la disyuntiva de democracia o autoritarismo. Ahora bien, con la muerte de Chávez se abre una nueva vertiente, que por momentos se veía estrecha y casi cerrada, la vuelta a la consolidación de la tradición democrática de este país. En este artículo se intentará dilucidar el porvenir de Venezuela, retomaremos algunos puntos clave que Krauze analiza en su libro, pero también revisaremos hasta donde las recientes elecciones en Venezuela puedan dar cauce a darle fuerza a una democracia que se fue debilitando durante el régimen chavista.

Hugo Chávez, poseyó un aspecto que se vuelve central en cualquier político, pero que en particular se ha vuelto insoslayable en Latinoamérica, el carisma. Dotes de personalidad histriónica, simpático, bonachón y en muchas ocasiones amistoso. Surgido de las huestes militares, pero cercano a movimientos de izquierda, como las guerrillas y los movimientos sociales en Venezuela. Con una formación marxista precaria y amante de la historia nacionalista, ha construido de las figuras históricas y de su figura una epopeya heroica contra el imperialismo yanqui y la oligarquía venezolana. Su influencia ha trastocado las diversas esferas del poder, el judicial, el legislativo e incluso el electoral, aunque en menor medida. Su figura estuvo presente día, tarde y noche en la televisión como un showman, como señala Krauze, como un televangelista. La influencia que ejerció en Sudamérica es incomparable, el petróleo ha sido una divisa que ha hecho valer en Ecuador, Bolivia, Cuba, Argentina, Nicaragua, y lo intentó también en Panamá, Perú y otros países de la región. Sus confrontaciones diplomáticas y verbales a nivel internacional, lo han posicionado en la esfera de lo global, aunque no queda muy bien parado. No obstante, todo lo anterior hizo de Hugo Chávez, un personaje sin parangón en la historia moderna de América Latina, el peso en lo interno y lo externo, sin duda que le ha valido un lugar en la historia, quizás no de la mejor manera, pero ahí ha quedado su persona y su legado.

Ahora bien, la concentración de poder, su intolerancia y su lenguaje militar (“los enemigos”, “los aliados”) han hecho que haya cimbrado las bases de una tradición democrática, que durante gran parte del siglo XX perduró por encima de otros países de la región, que tuvieron que enfrentar cruentas dictaduras. Concentró el poder económico, redujo el pluralismo mediático, copto y copó gran parte del poder político en Venezuela, estuvo a punto de hacer que se aprobará una reforma constitucional que lo permitiera reelegirse ad infinitum, es decir, hasta que la muerte fuera el único voto que le ganará. Afortunadamente, una gran parte de la sociedad venezolana avizoró el peligro de que eso sucediera, y se logró un rechazo de dicha reforma aunque no con una amplia mayoría.

Las elecciones del 2012, en Venezuela comenzaron a reducir el poder que Chávez creía absoluto, casi la mitad de quienes votaron, votaron en contra de él y a favor de Capriles, un político opositor moderado que trajo nuevos bríos de lenguaje cívico y democrático y no el militarista del que tanto abusó Hugo Chávez. Chavéz pudo haber continuado en el poder hasta el 2017, y quizás después hasta el 2021, esto ya no lo sabremos, pero lo que si sabemos, es que su intención no era abandonar el poder, por el contrario deseaba ser un patriarca a la semejanza de Fidel Castro, pero su salud, fue su peor aliada, fue su verdadera enemiga, y frente a la muerte, Chávez no encontró retórica, diatriba o arma con la cual hacerle frente.

Paradójico y a la vez deslumbrante, su cuerpo, su salud, fue la limitación de su propio poder, su creencia de imbatibilidad fue refutada por él mismo. Pero más allá de la pérdida del que era el actual presidente de Venezuela, lo que se encontraba en juego era mucho mayor, la vida de una democracia vapuleada y con pulso débil. Nicolás Maduro, quedó electo como actual presidente, después de unas rebatidas elecciones por parte de la oposición. Al ver a Maduro, uno observa una emulación endeble y risible de lo que fue Hugo Chávez, la retórica, la chabacanería, los chistes mal contados, las anécdotas poco creíbles, hacen de Nicolás Maduro, un político con pocas capacidades para mover los hilos de la política nacional, de las que Chávez se había un vuelto un hábil titiritero.

El poder que Chávez ejercía sobre los militares, no será el mismo que ejerza Maduro, también carece de influencia sobre otros sectores y personajes allegados al fenecido “moderno” caudillo. La oposición se vuelve cada vez más fuerte, aunque si bien se enfrenta a la explotación sentimental de la figura de Chávez por parte del oficialismo, ese recurso cada vez se irá agotando, porque la corrupción, la violencia, la delincuencia y la posible fragilidad económica de Venezuela, no harán que el mito del caudillo revolucionario lo soporte. En el libro de Krauze, se recogen voces de una creciente disidencia tanto al interior del oficialismo, que se han vuelto en rupturas, como de sectores que en su momento apoyaron a Chávez, pero que después se fueron replegando y confrontando, debido a sus intentos de perpetuarse en el poder, tal como el caso de los estudiantes. La oposición necesita ser inteligente, apelar a la tradición democrática de su país, retomar figuras que no dejaron de lado lo social, pero que tampoco antepusieron lo social a la democracia; hay ejemplos notables, como el caso de Betancourt, que Krauze detalla y realza con gran entusiasmo.

El oficialismo para poder consolidarse tendría que reconocer los errores de Chávez, enmendarlos, pero ¿cómo enmendar una figura que para ellos se ha vuelto mítica, cuasireligiosa? Difícilmente el gobierno hará de Chávez un reconocimiento de los errores como a la Jrushchov. Enmendar, sería volver a un republicanismo democrático, devolver el poder al mercado (darle al mercado lo que es del mercado y al estado lo que es del estado), renunciar a la retórica militarista y generar una gran reconciliación nacional. Sin embargo, tal opción se ve improbable, el discurso de Maduro, sigue siendo el mismo que su antecesor, sólo que más burdo.

Tal parece que Chávez se había vuelto un obstáculo en las arterías de la democracia venezolana, ahora que el cáncer lo quitó del camino, quizás es momento de volver a mirar con aquilatamiento el legado de Chávez, en lo social y en lo político, pero sobre todo mirar a la democracia como el gran baluarte que siempre ha tenido Venezuela y que no ha dependido de una persona para sobrevivir, sino de una sociedad que la ha sabido de valorar y de importantes figuras en lo político, social e intelectual que la han sabido defender. Sólo el tiempo nos dirá qué tanto siguen valorando esa invaluable herencia democrática que Venezuela tiene.

El entramado complejo de las campañas electorales: El caso Estados Unidos, II

En lo que respecta a la publicidad durante las campañas electorales, el número de anuncios transmitidos fue más de un millón de spots en televisión y se gastaron más de mil millones de dólares en estos. Estas cifras superaron en un 40% a la publicidad difundida en las elecciones presidenciales de 2008, de acuerdo a un estudio del Centro de Política Responsable de los EEUU, donde entonces Obama ganó con amplia ventaja. De tal modo, que el peso que tiene la publicidad en televisión sigue siendo un factor fundamental a la hora de una elección. Si bien la web y las redes sociales han empezado a figurar como un espacio para el bombardeo de publicidad, las campañas políticas tienen un nicho propio, la televisión. Ambos candidatos sabían que si dejaban de figurar en televisión y optaban por otros medios para promocionarse, era un suicidio político. La televisión y la radio seguirán figurando durante unas décadas más como el principal espacio en donde se invertirá en campañas políticas. 

Es así que para que pudieran llevar a cabo sus campañas de esta manera, tenían que contar con recursos suficientes para financiar su publicidad, lo que nos lleva a analizar un tercer factor que describe parte del financiamiento del sistema electoral EEUU, y la forma en que las corporaciones hacen sus apuestas. 

Según las estimaciones del Centro de Políticas Responsables, señalo que hasta el 31 de Octubre, las elecciones habían tenido un costo alrededor de los 6 billones de dólares. Si bien en el sistema electoral de los EEUU existe el financiamiento público para las campañas políticas, por cada peso que se recaude, los candidatos optaron por sólo recurrir al financiamiento privado. De acuerdo con el Centro, la procedencia de los fondos para las campañas en el caso de Obama y Romney se diferenciaron en gran medida, dado que el primero reunió una gran parte de sus fondos a través de hogares y pequeñas donaciones de menos de $200 dólares reuniendo $214.3 millones de dólares para su campaña, en tanto Romney solamente obtuvo $70.8 millones para su campaña en aportaciones menores de $200. De tal modo, que el 30% de las donaciones a Obama fueron hechas por pequeños contribuyentes, 3 veces superior a lo recaudado por Romney. En cambio, el gran apoyo financiero provino de los grandes contribuyentes, según el Centro, dando 40 donantes más de $200 millones para la campaña del republicano a la presidencia, obteniendo Romney 4.5 veces más dinero de donadores individuales mayores que de donadores pequeños. Por otra parte, Obama también obtuvo una gran ayuda por parte de contribuyentes poderosos que reunieron al menos $180 millones para apoyar al mandatario en su reelección. 

Lo anterior nos describe dos aspectos importantes. El primero es el diseño de una estrategia de financiamiento para una campaña política, Obama logró generar una exitosa recaudación de fondos a través de pequeñas contribuciones que iban desde los $20 dólares hasta los $200, ampliando con esto la base recaudatoria de financiamiento político. Sin duda que el carisma y la simpatía que ha tenido el mandatario son factores que han generado diferentes muestras de apoyo, incluido el económico, sin embargo, una campaña que permite a las personas que simpatizan con algún candidato, que no poseen grandes ingresos, hacer aportaciones a la campaña, eleva y amplia el nivel de apoyo y compromiso hacia el candidato. El uso efectivo de las redes sociales, el correo y diversos medios para solicitar el apoyo económico, para promover una aportación de $20 dólares para ayudar en la campaña política del candidato demócrata, incrementó enormemente el financiamiento, de tal modo que Barack Obama recaudó poco más de $632 millones de dólares, mientras que la del republicano Mitt Romney había obtenido algo más de $389 millones. 

El segundo aspecto importante a describir es, la forma en que las grandes corporaciones o empresarios financian las campañas políticas, como se puede observar ambos candidatos obtuvieron la misma cantidad por parte de los grandes contribuyentes, ligeramente arriba Romney. Aunque podía observarse que ciertos magnates apostaban por la llegada del candidato republicano, no hubo una generalización de esto, más bien la forma en la que operan las corporaciones, es hacer aportaciones similares a candidatos que estén en posibilidades de ganar la presidencia, ya que independientemente de quien llegue a la presidencia, se tendrá que recompensar la ayuda económica, de esta manera las corporaciones evitan confrontaciones políticas y se dedican a hacer negocios sin distingo partidario. Cabe aclarar que las leyes electorales de EEUU impiden a las compañías hacer donaciones directas a algún candidato, pero esto es sólo una mera formalidad legal, que en los hechos no se cumple, ya que al hacer una aportación a nombre de una persona que representa a determinada corporación, se sabe de antemano que se hace por parte de ésta. Sin embargo, si establecen un tope máximo de aportación de $2,500 dólares por persona. 

Otro elemento importante es la forma en cómo se hizo que se llegaran a más de un millón de anuncios en televisión, y es aquí donde jugaron un papel crucial los llamados “SuperPAC”, Comités de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés), comités políticos que puedan estar constituidos y administrados por corporaciones, sindicatos, organizaciones de me membresía o asociaciones de profesiones. Estos se registran en la Comisión Federal de Elecciones con el propósito específico de recaudar fondos para contratar publicidad a favor de algún candidato o en contra. Como señalamos anteriormente, las leyes electorales impiden a las compañías hacer aportaciones directas a los candidatos, sin embargo, si lo pueden hacer a través de los PAC, sin tope de aportación. Tan sólo estos llamados "superPAC", lograron recaudar alrededor de 490 millones de dólares entre ambos candidatos, dedicados a la compra de espacios en medios electrónicos, principalmente radio y televisión, con el fin de apoyar o denostar a algún candidato. Aunque ha sido cuestionado el proceder los PAC, por una parte debido al peso que tienen las grandes compañías en el financiamiento de las campañas políticas, y por otro lado porque han sido utilizadas en su mayoría para financiar campañas negativas en contra de algún candidato, siguen vigentes y en 2010, el Tribunal Supremo de los EEUU, en un falló controvertido señaló que las grandes corporaciones tienen derechos como cualquier otra persona, y que por lo tanto no se les puede limitar su derecho a aportar recursos a favor de un candidato a través de la compra de publicidad, ya que con ello se estaría limitando su derecho a expresarse. En este caso Obama tuvo ocho "superPAC" y cinco en contra, mientras que Romney tuvo once en su favor y siete que se movilizaron contra él. El peso que toman los PAC es cada vez más relevante, no sólo por la cantidad de dinero que se puede recaudar para contratar publicidad, sino además porque incrementa la capacidad organizativa de determinados grupos que están en contra o a favor de determinado grupo, dándoles una capacidad de incidencia realmente importante, y en donde el día de las elecciones ya no depende tan sólo de la voluntad popular, sino en gran medida de las capacidades que los partidos y candidatos lograron aglutinar, organizar y recaudar financiamiento para las elecciones. Pero también define el rumbo de la publicidad política, la cual se vuelve cada vez más agresiva, negativa e incluso en ocasiones puede llegar a ser difamatoria. Sin embargo, no se ve que en el caso de los EEUU, pretenda regularse el contenido de las campañas negativas, ambos tanto el partido republicano como el demócrata hacen uso de este tipo de publicidad. 

Por último, es importante analizar el peso que tienen los diversos grupos migrantes y de ultraderecha, que han tenido un nivel de organización y de presencia importante en las más recientes campañas electorales. 

En el caso de los grupos migrantes, los hispanos son los que tiene mayor relevancia tanto demográfica como política en los EEUU. El tema de la reforma migratoria, las deportaciones masivas (iniciadas durante el gobierno de George W. Bush, y que han continuado en menor escala con Obama), así como el hecho de que varias entidades de Estados Unidos hayan promulgado leyes contra los indocumentados que en su mayoría facultan a la policía para cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona, así como imponer sanciones a empleadores que contraten a inmigrantes, han hecho que la comunidad hispana se movilice y se organice para exigir tanto la legalización de su estatus migratoria, como el respeto de sus derechos humanos por parte de las autoridades estadounidenses. Tal ha sido el peso tanto demográfico y político que han tomado estas comunidades, que parte de las campañas en determinados estados se transmiten en español, asimismo, ambos candidatos acudieron a un encuentro organizado por el canal Univisión, para hablar con periodistas y parte de la comunidad latina. No hay otro grupo racial o cultural, que tenga tal visibilidad como los hispanos, en las recientes campañas electorales de los EEUU. 

Los otros grupos son los de extrema derecha en EEUU, entre estos destaca el denominado Tea Party. No son como tal un grupo o partido organizado con base jerárquica, más bien son varios miles de grupos repartidos en todo el país, que son una mezcla incolora de ideas y objetivos, pero que tienen como denominador común, reducción del gasto público, pocos impuestos y un respeto irrestricto a los derechos reconocidos en la Constitución. Este se hizo presente en la vida pública después de la llegada de Obama, pero que se inició desde la administración Bush, a raíz de la debacle económica, y que tuvo como candidata a la vicepresidencia a Sarah Palin por parte de los republicanos. Comenzaron a tomar fuerza debido a las consecuencias de la crisis económica, ya que se oponen al alza de impuestos, al rescate de bancos y al incremento del gasto público, y que se opusieron a las medidas de protección universal de salud que implementó Obama. Este grupo tuvo en estas elecciones su candidato, Paul Ryan, como candidato a la vicepresidencia. Manejando un discurso agresivo en contra de los derechos de los migrantes, de las mujeres, en particular, el aborto, así como los derechos lésbico-gais, entre otros. Asimismo, plantean que el Estado debe de intervenir lo menos posible en la vida económica y social, dejándolo al vaivén del mercado y de “la supervivencia del más fuerte”. En el plano internacional, consideran que cualquier amenaza a la seguridad y poderío estadounidense debe ser eliminada, Irán, Palestina, Hugo Chávez, China, etc.

Aunque ha habido mejorías de la economía estadounidense y de que se han paleado en cierta medida las consecuencias sociales de la crisis, durante la administración de Obama, aún persiste el alto porcentaje de desempleados y desigualdad económica y social, lo que hace que ciertos grupos de extrema derecha, tomen importancia, tal como sucede en Europa y de manera preocupante en Grecia, en donde un partido neonazi, ha alcanzado un número importante de escaños, y han tomado funciones que sólo el Estado puede realizar, como el tema migratorio y de asistencia social. Estos grupos y el discurso que han puesto en la esfera pública, hace que hasta cierto grado, los partidos o candidatos puedan proponer medidas que puedan violentar los derechos de determinados grupos. Es así que Obama y Romney tuvieron que hacer equilibrismo en sus discursos y debates, para tratar de tocar los diferentes puntos del espectro social y político del país. 

Por último, ¿dónde estuvo el peso de la economía, de los Occupy Wall Street, de los sindicatos, entre muchos otros? En el caso del empleo y la crisis económica, siempre estuvo presente, en todo momento, sólo que durante las campañas electorales, comenzaron a moverse otros factores que fueron determinantes, como los dichos por los candidatos, las figuras que proyectaban, cuánto dinero tenían para difundir sus promocionales en contra o a favor de determinado candidato, así como los grupos con mayor peso político en la esfera, en el caso de los hispanos debido a su densidad demográfica, pero también a su capacidad organizativa y política, en el caso del Tea Party, se debe más a su discurso agresivo y el contexto económico, así como a la influencia que han tenido en el Partido Republicano para ir colocando a sus figuras. Los otros grupos como los de Occupy y los sindicatos, no fueron visibles, aunque un análisis más pormenorizado podría reflejar en qué medida jugaron un papel crucial, pero al menos en el discurso de las campañas electorales, estos grupos no figuraron. 

Me parece que fue más complejo el proceso de las campañas electorales, que los factores que aquí sólo apunto, pero desde mi perspectiva estos factores se hicieron relevantes durante las campañas, y tuvieron un peso determinante en la forma en cómo fue evolucionando este proceso. Quizás con un poco más de distancia y análisis, podamos encontrar otros elementos que nos ayuden a desentrañar, el peso específico que cada factor aquí señalado tuvo en las campañas electorales, pero a tan corta distancia, los factores aquí señalados fueron sustancialmente visibles. 

Páginas consultadas:

http://politica.about.com/od/Elecciones/a/Qu-E-Es-Un-Comit-E-De-Acci-On-Pol-Itica-O-Pac.htm

http://www.24-horas.mx/eu-tendra-las-elecciones-mas-caras-de-su-historia/

http://www.elmundo.es/america/2010/09/20/estados_unidos/1285013656.html

El entramado complejo de las campañas electorales: El caso Estados Unidos, I

En este artículo pretendemos analizar cuáles son los diversos factores que juegan un papel fundamental en las campañas electorales y, que pueden ser determinantes para definir a un ganador y perdedor. Para ello analizaremos las recientes elecciones presidenciales en EEUU, en donde resultó reelecto Barack Obama para otros cuatro años en la presidencia.

Para adentrarnos en el estudio de este caso, vale la pena primero revisar cómo está diseñado el sistema electoral de los EEUU, para la elección de Presidente, ya que funciona de manera diferente a la mayoría de los sistemas electorales conocidos en América Latina, ya que quien gana no es quien tiene el mayoría del voto popular sino la mayoría de delegados y votos del Colegio Electoral.

En cada elección presidencial de los EEUU se conforma un Colegio Electoral, el cual se integra por 538 delegados que equivalen al número de legisladores del Congreso, donde 435 provienen de la Cámara de Representantes, 100 del Senado (dos por cada uno de los 50 estados) y tres por el Distrito de Columbia (Washington, D.C.). Este diseño se configuró desde la fundación de los EEUU, y ha mantenido su esencia; el objetivo es que haya un contrapeso entre la elección por parte del Congreso y del voto popular. 

La forma en que opera este Colegio Electoral es la siguiente, los delegados que forman parte de este Colegio son votados por los ciudadanos, estos 538 delegados en el mes de diciembre “eligen” al presidente de los EEUU. Los delegados son postulados por los propios partidos de tal modo que al ser elegidos se comprometen a dar su voto por el candidato triunfador. En las papeletas, cada candidato a presidente lleva adjunto el nombre de su vicepresidente y el partido político al que pertenece. Pero estos votos no eligen de momento al presidente, sino que eligen en bloque a los “compromisarios” o delegados de esta opción política que irán después al Colegio Electoral. De tal modo, que los ciudadanos de cada uno de los estados eligen a una planilla de electorales que estén comprometidos con algunos de los diferentes candidatos a la presidencia. El candidato que obtenga el mayor número de votos se lleva la totalidad de la planilla, es decir, que si en un estado hay 59 votos electorales, y un candidato obtiene 29 se lleva, los 59 votos.

Los estados claves para conseguir el número de votos que garantice la victoria en el Colegio Electoral son: California (55), Texas (38), Nueva York (29), Florida (29), Pensilvania (20), Illinois (20), Ohio (18), Míchigan (16), Georgia (16), Nueva Jersey (14), Washington (12) y Distrito de Columbia (3), con estos estados se consigue los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. De tal modo, que los candidatos se concentran en los estados que tiene mayor número de votos electorales y que no están definidos por algún partido, como si sucede con algunos estados como el de Nueva York que tiende siempre a votar por el partido demócrata. Cabe añadir, que cada estado tiene su propia legislación electoral, de tal modo que no tienen un órgano que centralice las funciones de organizar y vigilar el proceso electoral. 

Ya constituido este Colegio Electoral, se reúnen en las sedes del poder legislativo de cada estado o en otros lugares designados, a mediados de diciembre y eligen a su vez a la fórmula que tendrá a su cargo el gobierno de EEUU, sin embargo, el ejercicio de este órgano suele ser un mero formalismo, ya que se sabe de antemano que los resultados obtenidos el día de las elecciones simplemente se refrendarán. Por otro lado, esto hace que el voto popular quede en segundo plano en muchas ocasiones, ya que varios presidentes de EEUU no han obtenido la mayoría en el sufragio popular pero si el del Colegio Electoral, el caso más reciente y polémico fue la elección de George W. Bush en el año 2000. 

Factores presentes en el proceso electoral de los EEUU: la figura presidencial, el financiamiento, el gasto en publicidad y los grupos organizados 

El primer debate por la elección a la presidencia en EEUU, dejó ver claramente lo importante que es para los electores la figura presidencial, del Jefe de Estado, al ver a un Barack Obama, apático y amable frente a su contrincante duro y puntual, hizo que las encuestas cambiarán sustancialmente. Los tropiezos que había tenido Mitt Romney durante la campaña, pusieron en una ventaja cómoda a B. Obama, sin embargo, el primer debate expuso ciertas deficiencias del candidato demócrata, a tal grado que lo que se tenía asegurado se puso en riesgo. 

En medio de un contexto de crisis económica, de amenazas a la seguridad regional en Medio Oriente, con el caso de Irán y la muerte del Embajador en Libia, los electores estadounidenses buscaban una figura que tuviera un carácter fuerte, aguerrido e incluso agresivo, para hacer frente a tales riesgos. El peso del régimen presidencialista de los EEUU y su poder como potencia mundial, hace que la figura del presidente tome mayor relevancia, aunado a que la historia de los diferentes presidentes ha mostrado cómo han reaccionado los electores estadounidenses, tal como el caso de Jimmy Carter, que se le vio como un hombre falto de carácter e incapaz de hacer frente a los conflictos internacionales. 

Cabe anotar, que en la mayoría de las ocasiones, frente a una grave crisis económica o social, las sociedades tienden a buscar o elegir a alguien que señale y enjuicie al responsable de dicha situación (los adinerados, los inmigrantes, los países vistos como colonialistas, alguna comunidad o religión, entre otras), y que a su vez generé un sentimiento de seguridad, frente a las amenazas internas o externas. 

De tal modo que el papel que juega la imagen que se pretenda reflejar al electorado en términos del contexto e ideario, es fundamental para definir una elección. Es así que Romney al mostrarse más agresivo frente a su contrincante, y hacerse pasar por más asertivo frente a la impericia del otro candidato, incidió en que el electorado modificará la tendencia favorable hacia Obama. No por nada, en los debates consecuentes se vio a un Obama más agresivo y hasta un poco fanfarrón. Pero era claro, que esa era la figura que el electorado quería ver en un Jefe de Estado. Asimismo, el huracán Sandy se convirtió en una oportunidad en la campaña de Obama, ya que le permitió el escenario para reflejar la capacidad que tenía como jefe de Estado para hacer frente a una crisis, -en este caso un desastre natural. El presidente lo sabía y lo supo utilizar a su favor, sin evidenciar de manera cínica que estaba haciendo campaña con la catástrofe provocada por Sandy. De tal modo, que pudo restituir en gran medida esa figura de jefe de Estado, frente a la actitud apática y “débil” del primer debate.