25 de septiembre de 2013

¿Libertad o seguridad?




La respuesta a este artículo pareciera ser obvia, para un sector de la sociedad, en donde la libertad es un valor supremo que no se puede subsumir a la seguridad. La libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de asociación entre muchas otras -que son libertades que se ejercen a través del reconocimiento expreso de derechos-, muchos dirían que no se pueden subordinar a la idea de proteger a un Estado o a una población, de una amenaza externa o interna.

Pero, ¿qué pasa cuando un grupo armado con organización y financiamiento, puede poner en riesgo el ejercicio de ciertas libertades, tales como el libre tránsito, la libertad de expresión y la libertad de asociación? 

El ataque a las torres del World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2011, llevo a la discusión e incluso la aplicación de que  el ejercicio de ciertos derechos tenía que ser restringido con el afán de proteger un derecho aún mayor que derechos como la intimidad o el libre tránsito, el derecho a la vida. Proteger la vida de las personas o de una población se volvió el argumento principal para limitar el ejercicio de ciertos derechos, tales como la intimidad o la privacidad, ya que se decidieron aplicar medidas como intervenir llamadas telefónicas, correos electrónicos y otro tipo de conversaciones de tipo personal, en donde se sospechará que podía estarse planeando alguna acción que pusiera en riesgo la integridad de las personas.

El narcotráfico con su capacidad militar, económica y transnacional, puso en riesgo la estabilidad política de varios estados, así como la integridad de su población. En América Latina (AL), hay diversos casos tales como el de Colombia, Centroamérica  y recientemente en el caso de México. Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, se decidió establecer una estrategia militar para hacer frente al crimen organizado, este tipo de estrategia conllevó una serie de restricciones a derechos constitucionales, principalmente el libre tránsito y el derecho a la privacidad. En estados en el norte del país, así como en regiones del centro, los diversos carteles del narcotráfico, extorsionaban, atacaban e incluso eliminaban a parte de su población. Esta situación la vivieron y viven como quienes residen en esos territorios, como quienes transitan por ellos.



Tanto los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y en diversas partes del mundo por parte de Al-Qaeda, así como la actuación de grupos criminales que ponen en riesgo la estabilidad e integridad de la población de un país, lleva a que los estados implementen medidas que tienden a limitar el ejercicio de derechos y con ello de libertades, con el afán de evitar mayores riesgos a la población y a sus gobiernos.

No obstante, los cables de Estados Unidos (EEUU) filtrados por Wikileaks, revelaron una forma de actuar por parte de EEUU, pero también de otros estados, en donde el aparato de inteligencia, así como la diplomacia, era usada no solo con fines de proteger la integridad de su población y la estabilidad de sus gobiernos, sino también para espiar a estados pares, con fines comerciales o políticos. Asimismo, en el caso de Edward J. Snowden, ex integrante de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), reveló documentos clasificados en donde EEUU utilizaba a diversas empresas que proporcionan servicios informáticos, para espiar a sus ciudadanos y a gran parte del mundo.

Esto último provocó un gran debate, sobre hasta dónde los estados podían hacer uso de los instrumentos de inteligencia y espionaje, así como quién vigila al “vigilante”. En particular, cuando se reveló que el tipo de espionaje fue para fines comerciales o de tipo políticos, los casos que se conocieron en AL fueron Brasil y México.



Ahora bien, este tipo de actuación por parte de EEUU y diversos estados, no es nueva, más bien podríamos decir que es una tradición. Tanto estados totalitarios como democráticos han hecho uso del espionaje con motivos políticos, militares o comerciales, claro con enormes diferencias entre ambos. El caso del watergate, así como el macarthismo en EEUU, la polícia secreta de Rusia, la KGB, así como casos de dictaduras y gobiernos autoritarios en AL, son muestra de cómo se han utilizado los aparatos de inteligencia con fines políticos y represeivos (claro con diversos matices y diferencias entre los estados democráticos y los totalitarios).

Es cierto que los estados deben contar con herramientas y aparatos de inteligencia que les permitan hacer frente a riesgos que pueden poner en riesgo la estabilidad de un gobierno o la integridad de su población. No obstante, todo estado democrático debe contar con un marco legal que limite el ejercicio de las funciones gubernamentales, de tal modo que no haga uso del espionaje o de la inteligencia con el afán de establecer formas de control absoluto sobre su población.

Quienes se especializan en el tema del derecho de acceso a la información pública, consideran que hay información que no puede ser pública, porque ello puede perjudicar una investigación judicial o incluso poner en riesgo la estabilidad económica o política de un país. Esto es cierto, todo derecho tiene límites, pero para establecer que es público y que es clasificado, deben establecerse criterios y límites claros, y que no termine por dotarse de poderes absolutos a un gobierno democrático. Asimismo, tiene que justificarse el por qué determinada información no puede ser pública.

El riesgo en no establecer criterios y el no fundamentar el porqué de hacer de cierta información de acceso restringido o reservado, puede llevar a que los estados de forma arbitraria digan que es público y que es reservado, de tal modo que se vuelven opacos, no rinden cuentas y el acceso a la información pierde todo sentido democrático.

Pero ¿quién vigila al “vigilante”? Aunque diversos estados democráticos tienen mecanismos para limitar que el uso de la inteligencia y el espionaje, y que no se haga más que sólo para los  fines previstos por la ley, esto no se respeta del todo. Entonces, pareciera que siempre existirá el riesgo de vivir bajo el peso de un estado que puede convertirse en el Big Brother, que traspasa los muros de la privacidad y nos mira sin que nadie lo pueda mirar a él.



Este riesgo siempre estará latente, no obstante, para ello deben existir suficientes herramientas que puedan evitar llevarnos a ese escenario catastrófico. Los institutos de acceso a la información pública, el Congreso, así como el poder judicial deben ser instrumentos que limiten el ejercicio del poder gubernamental. Los institutos que protegen y garantizan el acceso a la información pública, son piezas clave, para ser un intermediario entre el ciudadano y el gobierno, y observar en donde éste último ha puesto la frontera entre lo reservado y lo público. Asimismo, el Congreso, es el espacio más plural, hablando políticamente, en donde la diversidad de partidos representados, posibilita establecer límites al ejercicio del poder del partido gobernante, ningún partido querrá verse controlado por el gobierno en turno, de tal modo que tratarán de pugnar porque no se haga uso político de los aparatos de inteligencia. El poder judicial, debe ser uno de los medios más eficaces para sancionar al estado en caso de que este vulnere derechos a través de su sistema de inteligencia, tanto particulares como entes públicos, pueden realizar acciones judiciales, para reparación de daños o evitar vulneración de otros derechos.

Y ¿qué hay de la sociedad civil?, ¿qué rol debe jugar? En este caso para sectores importantes de la sociedad no es tan claro, incluso algunos están dispuestos a renunciar a ciertas libertades con el fin o la idea que su integridad se vea salvaguardada ante todo.

Las revisiones y retenes por parte de cuerpos de seguridad pública o del ejército, los toques de queda, como restricción a la libertad de tránsito; así como la restricción a la libertad de asociación, ya sean en lugares públicos o privados como bares, discotecas u otros lugares; asimismo, la invasión a la intimidad, a través de la intervención de llamadas telefónicas, así como cualquier tipo de conversación o actividad privada, en el contexto de la guerra contra el terrorismo o contra el narcotráfico, se han vuelto comunes y aceptables por un sector importante de la sociedad. La frase “yo estoy dispuesto a renunciar a ciertos derechos con tal de que no me maten”, se ha vuelto moneda de uso corriente entre una parte de la población.

Pero es un falso dilema el decir “¿la vida o la libertad?”, un estado democrático está obligado a preservar la integridad y vida de su población, sin menoscabar o limitar el ejercicio de sus derechos. Es cierto, que puede haber situaciones excepcionales, no obstante, deben ser excepcionales y temporales, no pueden convertirse en una forma rutinaria de actuar por parte de los gobiernos.

Como sociedad, debemos tener claro que los riesgos de renunciar a ciertos derechos con el afán de mayor seguridad, al final pone en riesgo aún más nuestra integridad y nuestras libertades, dado que en un estado totalitario, termina por decidir sobre la vida e integridad de las personas. 

Toda libertad puede conllevar ciertos riesgos, es posible que el hecho de que no se establezcan retenes en cada avenida o carretera del país, haga que algún sicario, delincuente o terrorista transite libremente y que pueda ser un riesgo para la población, no obstante, uno debe asumir ese riesgo como parte de vivir en una sociedad democrática y con libertades. 

Son mayores los daños que hay cuando a toda persona se le detiene, no sólo porque nuestra vida cotidiana se vería alterada drásticamente, sino porque además todos nos convertimos en sospechosos, todos somos potenciales delincuentes, de tal modo que somos un riesgo para nosotros y para la propia población, y con ello el estado justifica que debe asumir un control absoluto dado que todas las personas son riesgos potenciales. Ésta no puede ser la mirada de un estado democrático, es más bien la de un estado totalitario, un estado que nos hace renunciar a nuestros derechos, porque todos somos un riesgo para nosotros y los demás.

Las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones forzadas y el exterminio de un sector de la población han sido los resultados de estados y sociedades que han decidido renunciar a sus libertades más básicas con la idea de obtener una seguridad absoluta.

No existen seguridades absolutas, aceptar vivir en una sociedad democrática, con libertades, también implica asumir que ello puede conllevar ciertos riesgos, pero es menor el riesgo de vivir con libertad que el vivir sin ella.





2 de mayo de 2013

Venezuela sus dos herencias, entre la democracia y el caudillismo



El libro de Enrique Krauze, “El poder y el delirio”, es una biografía política de Hugo Chávez, pero también es una radiografía política de Venezuela, es un libro imprescindible para comprender el proceso político y sus actores que se encuentran en la disyuntiva de democracia o autoritarismo. Ahora bien, con la muerte de Chávez se abre una nueva vertiente, que por momentos se veía estrecha y casi cerrada, la vuelta a la consolidación de la tradición democrática de este país. En este artículo se intentará dilucidar el porvenir de Venezuela, retomaremos algunos puntos clave que Krauze analiza en su libro, pero también revisaremos hasta donde las recientes elecciones en Venezuela puedan dar cauce a darle fuerza a una democracia que se fue debilitando durante el régimen chavista.

Hugo Chávez, poseyó un aspecto que se vuelve central en cualquier político, pero que en particular se ha vuelto insoslayable en Latinoamérica, el carisma. Dotes de personalidad histriónica, simpático, bonachón y en muchas ocasiones amistoso. Surgido de las huestes militares, pero cercano a movimientos de izquierda, como las guerrillas y los movimientos sociales en Venezuela. Con una formación marxista precaria y amante de la historia nacionalista, ha construido de las figuras históricas y de su figura una epopeya heroica contra el imperialismo yanqui y la oligarquía venezolana. Su influencia ha trastocado las diversas esferas del poder, el judicial, el legislativo e incluso el electoral, aunque en menor medida. Su figura estuvo presente día, tarde y noche en la televisión como un showman, como señala Krauze, como un televangelista. La influencia que ejerció en Sudamérica es incomparable, el petróleo ha sido una divisa que ha hecho valer en Ecuador, Bolivia, Cuba, Argentina, Nicaragua, y lo intentó también en Panamá, Perú y otros países de la región. Sus confrontaciones diplomáticas y verbales a nivel internacional, lo han posicionado en la esfera de lo global, aunque no queda muy bien parado. No obstante, todo lo anterior hizo de Hugo Chávez, un personaje sin parangón en la historia moderna de América Latina, el peso en lo interno y lo externo, sin duda que le ha valido un lugar en la historia, quizás no de la mejor manera, pero ahí ha quedado su persona y su legado.



Ahora bien, la concentración de poder, su intolerancia y su lenguaje militar (“los enemigos”, “los aliados”) han hecho que haya cimbrado las bases de una tradición democrática, que durante gran parte del siglo XX perduró por encima de otros países de la región, que tuvieron que enfrentar cruentas dictaduras. Concentró el poder económico, redujo el pluralismo mediático, copto y copó gran parte del poder político en Venezuela, estuvo a punto de hacer que se aprobará una reforma constitucional que lo permitiera reelegirse ad infinitum, es decir, hasta que la muerte fuera el único voto que le ganará. Afortunadamente, una gran parte de la sociedad venezolana avizoró el peligro de que eso sucediera, y se logró un rechazo de dicha reforma aunque no con una amplia mayoría.

Las elecciones del 2012, en Venezuela comenzaron a reducir el poder que Chávez creía absoluto, casi la mitad de quienes votaron, votaron en contra de él y a favor de Capriles, un político opositor moderado que trajo nuevos bríos de lenguaje cívico y democrático y no el militarista del que tanto abusó Hugo Chávez. Chavéz pudo haber continuado en el poder hasta el 2017, y quizás después hasta el 2021, esto ya no lo sabremos, pero lo que si sabemos, es que su intención no era abandonar el poder, por el contrario deseaba ser un patriarca a la semejanza de Fidel Castro, pero su salud, fue su peor aliada, fue su verdadera enemiga, y frente a la muerte, Chávez no encontró retórica, diatriba o arma con la cual hacerle frente.

Paradójico y a la vez deslumbrante, su cuerpo, su salud, fue la limitación de su propio poder, su creencia de imbatibilidad fue refutada por él mismo. Pero más allá de la pérdida del que era el actual presidente de Venezuela, lo que se encontraba en juego era mucho mayor, la vida de una democracia vapuleada y con pulso débil. Nicolás Maduro, quedó electo como actual presidente, después de unas rebatidas elecciones por parte de la oposición. Al ver a Maduro, uno observa una emulación endeble y risible de lo que fue Hugo Chávez, la retórica, la chabacanería, los chistes mal contados, las anécdotas poco creíbles, hacen de Nicolás Maduro, un político con pocas capacidades para mover los hilos de la política nacional, de las que Chávez se había un vuelto un hábil titiritero.

El poder que Chávez ejercía sobre los militares, no será el mismo que ejerza Maduro, también carece de influencia sobre otros sectores y personajes allegados al fenecido “moderno” caudillo. La oposición se vuelve cada vez más fuerte, aunque si bien se enfrenta a la explotación sentimental de la figura de Chávez por parte del oficialismo, ese recurso cada vez se irá agotando, porque la corrupción, la violencia, la delincuencia y la posible fragilidad económica de Venezuela, no harán que el mito del caudillo revolucionario lo soporte. En el libro de Krauze, se recogen voces de una creciente disidencia tanto al interior del oficialismo, que se han vuelto en rupturas, como de sectores que en su momento apoyaron a Chávez, pero que después se fueron replegando y confrontando, debido a sus intentos de perpetuarse en el poder, tal como el caso de los estudiantes. La oposición necesita ser inteligente, apelar a la tradición democrática de su país, retomar figuras que no dejaron de lado lo social, pero que tampoco antepusieron lo social a la democracia; hay ejemplos notables, como el caso de Betancourt, que Krauze detalla y realza con gran entusiasmo.

El oficialismo para poder consolidarse tendría que reconocer los errores de Chávez, enmendarlos, pero ¿cómo enmendar una figura que para ellos se ha vuelto mítica, cuasireligiosa? Difícilmente el gobierno hará de Chávez un reconocimiento de los errores como a la Jrushchov. Enmendar, sería volver a un republicanismo democrático, devolver el poder al mercado (darle al mercado lo que es del mercado y al estado lo que es del estado), renunciar a la retórica militarista y generar una gran reconciliación nacional. Sin embargo, tal opción se ve improbable, el discurso de Maduro, sigue siendo el mismo que su antecesor, sólo que más burdo.

Tal parece que Chávez se había vuelto un obstáculo en las arterías de la democracia venezolana, ahora que el cáncer lo quitó del camino, quizás es momento de volver a mirar con aquilatamiento el legado de Chávez, en lo social y en lo político, pero sobre todo mirar a la democracia como el gran baluarte que siempre ha tenido Venezuela y que no ha dependido de una persona para sobrevivir, sino de una sociedad que la ha sabido de valorar y de importantes figuras en lo político, social e intelectual que la han sabido defender. Sólo el tiempo nos dirá qué tanto siguen valorando esa invaluable herencia democrática que Venezuela tiene.