21 de octubre de 2016

Trump vs Clinton. La política de lo personal.

Analizar la actual campaña electoral en Estados Unidos (EEUU), implica revisar cuáles han sido los principales temas que han estado presentes para atraer al electorado estadounidense y así poder hacer un contraste sobre lo que ha imperado en esta campaña.

Revisando las campañas electorales de los últimos dos decenios, uno puede darse cuenta que han dependido en gran medida del contexto a nivel internacional y de la economía interna, durante la campaña de Bill Clinton vs George H. Bush, el tema principal fue el fin de la guerra fría, un rediseño de la política exterior con una posición más de aliado más que de interventor (invasor), así como la intervención en Kuwait y la confrontación con Saddam Hussein, tan bien es cierto que salieron temas a relucir como los affaires de Bill Clinton, y su uso de mariguana, pero estos no tuvieron mayor resonancia. En la siguiente campaña B. Clinton vs Bob Dole, dependió más de temas relacionados con la política interna, la seguridad social y el crecimiento económica, a nivel internacional no había mucho que debatir. La competencia Al Gore vs George W. Bush, se centró en temas domésticos como seguridad social, y en particular recuperar el “honor” del titular de la Casa Blanca a raíz del caso “Lewinsky” con el presidente Clinton. En la campaña de George W. Bush vs John Kerry, el tema estuvo prácticamente centrado en la política exterior, principalmente en la invasión en Irak, y la manera en cómo estaba siendo manejado y la seguridad nacional, fueron los principales temas. En la de Barack Obama vs John McCain, el tema del manejo de la intervención en Irak, así como la crisis económica, de nuevo la seguridad social fueron los principales temas. En la siguiente campaña Barack Obama vs Mitt Romney, los temas estuvieron centrados en temas internos, sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico y el ObamaCare.


Como se puede observar los temas que han estado presentes en las diferentes campañas, el tema del papel militar en el exterior de EEUU, así como su economía y temas de política interior y seguridad nacional han tenido un papel preponderante en la manera en cómo se maneja, se explota o se manipula algún tema en particular.

Sin embargo, en la presente campaña electoral, ha tenido una singularidad, por dos factores principales, el primero es que el candidato republicano, es alguien que proviene fuera de las líneas republicanas, es decir, no ha sido un político de carrera del partido como los otros candidatos, aunado a la personalidad polémica y mediática; el segundo, es que la candidata demócrata, es la esposa del ex presidente Bill Clinton, quien tuvo una presidencia eficiente y reconocida en diversos temas, pero también con escándalos sexuales, en particular, el caso “Lewinsky”, y que la candidata ha tenido que manejar la carga negativa más que la carga positiva de la administración de su esposo. Estos han sido los principales elementos han guiado esta campaña, porque mientras que las otras se centraron en la política interior o exterior, ésta se han centrado en la persona de cada uno de los candidatos, y la debilidad o descredito de uno es la fortaleza del otro.

En el caso de Trump, su evasión de impuestos, así como sus actos y declaraciones misóginas, así como las insinuaciones de agresión sexual han sido el principal platillo de la campaña de Hillary Clinton, lo cual ha debilitado al candidato republicano y ha atraído votos hacia la demócrata. No obstante, el mal manejo de los correos como Secretaria de Estado, los affaires de su esposo y las filtraciones de los correos de los demócratas, que la dejan ver como alguien que utiliza todos los medios para conseguir lo que quiere, han restado la credibilidad de la candidata, en particular en un sector, más liberal, independiente y también el de un sector más ligado a la izquierda, y que en su momento apoyaron fuertemente al precandidato Bernie Sanders.

Es así que uno de los principales elementos de esta campaña es concebir a las personas como la principal fortaleza o debilidad de la campaña, más allá de las propuestas e idea de gobierno que tengan en su plataforma. Es cierto, que los dos candidatos han delineado parte de sus propuestas, de entre las que destacan por parte del republicano: cambios en el manejo de la política exterior con respecto a la OTAN, en cuanto a aportaciones económicas (limitar los recursos que se aportan y que los otros países aporten más), o en establecer una relación más de colaboración con Rusia, en particular, con Vladimir Putin; en construir un muro que cubra toda la frontera de México-EEUU; de hacer revisiones a personas de religión musulmana o provenientes de Medio Oriente, para ver sino pueden ser radicales islámicos y que cometan atentados en EEUU, entre otras; por parte de la demócrata, destaca el revisar ciertos puntos sobre el TLCAN con México y EEUU, y establecer una política de mayor proteccionismo; tener una política de mayor alianza con los países europeos y contener el avance de ISIS y de Rusia en Medio Oriente; seguir la misma política de B. Obama en materia de inteligencia militar y su desarrollo tecnológico, para evitar mandar más tropas; por otra parte, tratar de recuperar algunas propuestas de Bernie Sanders en lo que tiene que ver con becas y acceso a nivel superior para evitar los grandes endeudamientos de los estudiantes.

A pesar de lo irrealizables o poco innovadoras de algunas de sus propuestas, éstas no han salido a relucir en la campaña, más bien lo que ha tenido un peso significativo, es la persona y la personalidad de los candidatos. Trump ha utilizado los dichos de B. Sanders, al decir que H. Clinton “no tiene buen juicio”; por otra parte, la relación que tiene con prominentes financieros, como Warren Buffet, implica que los beneficiaría y que por eso financian su campaña; ha dicho que le falta carácter (stamina) para poder ser presidenta; otro elemento que ha explotado el republicano es el manejo de correos por parte de la Secretaría de Estado, señalando incluso que si él llegará a ser presidente ella estaría encarcelada. Por su parte, Hillary Clinton, ha explotado las diversas declaraciones que Donald Trump ha hecho sobre las mujeres, tales como que una mujer embarazada es “inconveniente” para los negocios; de que está en contra del aborto, y que incluso quienes lo hagan deberían tener algún tipo de castigo; así como su participación en reality shows; las recientes grabaciones en los que señala que él puede tocar sexualmente a las mujeres sin inconveniente; de igual modo, su “ingenio” que él tiene para pagar mínimos o evadir impuestos, así como su explosivo carácter que lo hacen ver (lo que en el fondo es) como autoritario y visceral.


Lo anterior nos hace analizar ¿cuáles son las implicaciones de que las campañas y la política electoral esté centrada en las personas y no en las plataformas de campaña?, y ¿qué impacto tiene en la consolidación o debilitamiento de un sistema democrático e institucional?

En lo que concierne a la primera cuestión, la respuesta es casi evidente, las propuestas de campaña dejan de estar en primer plano, no son diseccionadas y analizadas, y no se puede avizorar de manera clara cuál será el plan de gobierno que tendrá el próximo presidente(a). Si bien es cierto, que la mayoría de las campañas electorales en la mayoría de los casos, están basados en slogans y propuestas fáciles, es cierto, que en el momento en que los medios de comunicación, en particular la prensa, medios de análisis, centros de pensamientos y articulistas hacen una revisión de éstas, las pueden hacer accesibles y analizables a una gran parte del electorado. En el caso de esta campaña, la prensa y ciertos centros de pensamiento, han analizado algunas de las propuestas de Trump y Clinton, en la cual en la mayoría de los casos, sale mal parado el primero, éstas prácticamente han pasado desapercibidas para gran parte del electorado.

También visto desde una óptica política y de gobierno, la pulcritud y probidad de la vida personal de alguien, no se traduce de manera directa en capacidad para ser un buen servidor público o hacer un buen gobierno. En cambio la capacidad, conocimiento y liderazgo político y el manejo adecuado de sus funciones como servidor público, si pueden ser factores que lo determinen más allá de su vida personal. No obstante, alguien pudo haber sido un servidor público con una carrera pública intachable, pero eso no significa que tenga todas las actitudes, y en particular para una presidencia como la de EEUU, que es pragmática, realista y en ocasiones amoral.

Si valoramos a las personas desde el ámbito de lo personal o de lo público, tendría que estar relacionado con las funciones que se quería capaz de generar para el puesto que encabezaría, en este caso una presidencia, que requeriría conocimiento sobre política exterior, diplomacia, cabildeo, negociaciones, liderazgo, capacidad para conformar un buen equipo de trabajo, experiencia en el servicio público y manejo apegado a lo que establece la ley. Esto definirían a una persona que cubre las características más relevantes para ocupar una posición de tal magnitud. Esto no significa que alguien que en lo particular es misógino, xenófobo, autoritario o incluso con actitudes delictivas deban pasar desapercibidas para ocupar un cargo público, pero es importante señalar que un político al llegar al poder, el contexto y el sistema institucional contienen su persona y lo llevan a tener que ser más realista y pragmático más allá de sus propias ideologías o personalidad.


Pero centrarnos sólo en ello, sería pensar que una presidencia y un gobierno, se componen de una sola persona, cosa que no corresponde a la realidad, por lo que vale la pena revisar cuál es la plataforma de gobierno que se tiene ideada y que se pretende implementar, que desafíos está observando en materia económica, política exterior, política social, seguridad exterior e interior, entre otras. No hay claridad sobre la propuesta económica de ambos candidatos, se desconoce la manera en cómo generarán más empleos, de manera específica y con planes a largo plazo, cómo se rediseñará la relación Medio Oriente-Rusia, cómo se establecerán medidas para los nuevos y viejos acuerdos comerciales, qué se hará para enfrentar a largo plazo temas ambientales como el del calentamiento global, se desconoce que tipo de relación se establecerá ahora con Cuba y con Latinoamérica, habrá una nueva era o se dará continuidad a lo hecho por la administración de Obama, qué temas se proponen en cuánto al abuso policial hacia la comunidad afroamericana, y cómo se pretende saldar a largo plazo las tensiones raciales que siguen presentes en ese país, qué se pretende hacer en materia de regulación financiera para evitar que suceda una crisis como la de 2008 y qué alianzas o mecanismos se generarán a nivel internacional para la regulación financiera, así como para hacer frente al lavado de dinero, qué tipo de política se tendrá sobre las drogas, seguirá la del prohibicionismo a nivel internacional, o se seguirá la que el propio EEUU la de la legalización de ciertas sustancias, y por ende el apoyo a esta tendencia a nivel regional. Son una serie de interrogantes que han quedado en el limbo, porque lo que ha importado más es saber si Trump tiene más declaraciones misóginas o si saldrá una nueva filtración de algún correo que revele la avaricia de poder de Hillary Clinton.

En lo que corresponde a la segunda pregunta, sobre el debilitamiento o fortalecimiento de un sistema institucional centrado en lo personal, la respuesta no es tan inmediata, porque un sistema institucional sólido puede sobreponerse al personalismo de los candidatos o políticos, como es el caso de los EEUU, las tensiones generadas a base de insultos o descalificaciones de la persona, son intranscendentes en un sistema que cuenta con sistema de partidos, elecciones y un sistema electoral confiable y transparente, intrascendentes en el sentido en el que no dañan su credibilidad, ni implicarían que tendrían que ser puestas a modo, dado que tienen un congreso y un sistema judicial que puede contener las aspiraciones autoritarias o populistas del Ejecutivo.

Lo que haría debilitarlos en el sentido de su credibilidad, es que el oponente que pierde, no acepte la derrota, y haga señalamientos de fraude o manipulación de las elecciones, tal como ocurrió en el caso de México, en la campaña del 2006, cuando el candidato perdedor Andrés Manuel López Obrador, arguyo un “fraude electoral”. Si bien, esto no significó el derrumbamiento de un sistema institucional democrático, si lo debilitó en términos de su confianza, esto es lo que podría lograr Trump, si es que como lo dijo en el último debate, dejará en suspenso si acepta o no los resultados de la elección.

Sin embargo, lo que puede debilitar institucionalmente a un sistema democrático es que el partido que nomine a un candidato se centre en la persona como medio para competir y formar parte del sistema partidario-electoral, porque entonces se construiría una institución a modo de una persona, y al interior de este partido no se establecerían reglas institucionales y no estarían basadas en el marco que los regula, sino en la persona que los lidera. Otro aspecto, que debilitaría un sistema democrático, es que si llegará a ganar el candidato por abrumadora mayoría y que eso a su vez, implicará que estuvieran sobrerrepresentados en el Congreso, el partido entonces trasladaría los deseos personales del presidente en turno a las otras instituciones, tal como ha sucedido en diversos países de América Latina, de tal manera que incluso llegarán a copar el Poder Judicial, entonces si nos enfrentaríamos a un grave debilitamiento institucional, tal como sucede en el caso de Venezuela.


Los anteriores factores o escenarios, no se ven tan viables en el caso de EEUU, desde el segundo período de Bush a la fecha, no ha habido una mayoría del partido del presidente en el poder en ambas cámaras, por lo que se han tenido que hacer del cabildeo y la negociación el principal instrumento, y en ocasiones por acciones ejecutivas, pero que incluso el poder judicial las ha contenido. En el caso del partido Republicano, no se ha concebido como un instrumento personal de Trump, incluso muchos de sus partidarios, han quitado su apoyo al candidato (entre ellos el ex presidente George H. Bush, sin hacerlo público), por lo que difícilmente tendría esa opción el candidato para debilitar un sistema de institucional tan sólido como el norteamericano.

A menos que Trump al perder, decida lanzar su canal de televisión, desacreditar los resultados, irse por la vía independiente, para las próximas elecciones, o construir su propio partido, y entonces hacer de su persona el principal baluarte para ganar las siguientes elecciones, minando la credibilidad de los partidos Republicano y Demócrata al decir que tramaron en contra de él para que perdiera y que el sistema electoral y las instituciones no funcionan. Un escenario así, entonces si haría debilitar el sistema institucional estadounidense.

Pero más allá de los escenarios posibles, si es importante señalar que los discursos de las figuras públicas, su apego a la institucionalidad y legalidad, fortalecen la confianza en un sistema democrático, claro sin que eso evite hacer las críticas pertinentes y  hacer las mejoras para fortalecerlo, pero llevarlas al grado de que las instituciones bajo las cuales se compite y participa están a modo para ciertas personas o grupo, y que sólo ellos pueden hacer a “América grande otra vez” o “salvar al pueblo”, hacen que una parte del electorado, conciba que un sistema democrático dependa de una persona y no de un sistema institucional.

La política de lo personal en una campaña electoral, concibe a las personas como el factor más valioso de las elecciones, ignora las ideas y propuestas, y pone en un plano de lo moral y de lo privado a las figuras públicas, se renuncia al escrutinio público de las propuestas y se pierde en el cotilleo, alienta la idea de que las personas son más relevantes que los propios sistemas institucionales, y paulatinamente debilita los sistemas democráticos, más aún cuando los ganadores hacen de las instituciones su instrumento personal.

  

24 de marzo de 2016

Ayotzinapa: ¿fue el Estado?

¿Es el Estado mexicano el responsable de la desaparición y asesinato de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014? Un sector de la sociedad y de la opinión pública responde de manera afirmativa, porque participaron fuerzas gubernamentales, mientras que otro señala que no, debido a que fue un hecho operado por un grupo criminal. Frente a esta disyuntiva, vale la pena analizar si el Estado mexicano, en su conjunto, tiene responsabilidad o no en estos hechos.

Es importante analizar el caso desde dos ópticas, la primera es la investigación hecha por la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Los resultados de dicha investigación señalaron que los responsables de la muerte de 9 personas, 41 estudiantes desaparecidos ( el número de personas desaparecidos se le conoce como 43, sin embargo, ya fueron reconocidas dos personas en los restos encontrados) y 27 heridos, fueron el grupo criminal "Guerreros Unidos", el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, así como las policías municipales de Cocula e Iguala. Que los motivos por los cuales atacaron a este grupo de estudiantes fue porque se disponían a boicotear el evento de la presidenta local del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala. Que los 43 estudiantes, que en un principio se señalaban como desaparecidos fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, y sus restos arrojados al río. Que frente a los señalamientos de que hubiera participado la Policía Federal y el Ejército, no había evidencias de ningún tipo, y que los únicos que habían participado en esta agresión y desaparición fueron los policías municipales. Este fue el informe de la investigación que el Procurador en su momento presentó, y que denominó como "la verdad histórica".

Conferencia de Prensa del Procurador, Jesús Murillo Karam, caso Ayotzinapa.

La otra investigación fue realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo un acuerdo de Asistencia Técnica, firmado con el gobierno mexicano- quienes producto de su investigación presentaron el "Informe Ayotzinapa", en donde se refutaron varias de las conclusiones hechas por la PGR y a su vez señalaron varias deficiencias en la investigación, dentro de las cuales destacan:
  • Los estudiantes no se dirigían a boicotear el evento de la presidenta del DIF local, la retención de autobuses y conductores, era con el fin de trasladarse la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre de ese año.
  • Que la Policía Federal y el Ejercito estuvieron presentes en el momento de los hechos, ya que la primera estuvo en uno de los ataques por parte de policías municipales hacia los estudiantes,  en tanto que existe evidencia que el Ejército dispuso de uno de sus elementos para informar de lo que sucedía en el instante. Que estas corporaciones tuvieron conocimiento en todo momento a través del C4 -el cual es un centro de comunicación y coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales-. Asimismo, personal del Ejército acudió al hospital en donde se encontraba uno de los estudiantes lesionados, revictimizando a las personas y sin prestar ayuda de ningún tipo.
  • Que no existieron condiciones ambientales, ni materiales para llevar a cabo una quema e incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, con base en el peritaje realizado por el experto Dr. José Torero.
  • Que el informe presentado por la PGR, omitió la presencia de un quinto autobús en donde estuvo presente la Policía Federal; que no se investigó de manera exhaustiva la participación del chofer de este autobús y sus declaraciones contradictorias, así como los posibles nexos de la empresa de transporte con el narcotráfico; que no se recabo toda la evidencia, tales como las videograbaciones que se encontraban en los diferentes lugares; que no se investigó a los policías municipales de Huitzuco, los cuales señalaron diferentes víctimas y presuntos responsables; que no hubo una adecuada actuación de la PGR ante los conocimientos que se tenían de un homicidio previo al que se señalaba como responsable al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como sus posibles nexos con el narcotráfico, siendo que la PGR tiene las facultades de atracción y las herramientas legales para haber realizado la investigación.
Estos son los principales señalamientos que refutan la tesis y resultados de la investigación hecha por la PGR, así como otros sucesos, tales como que el personal de salud y de emergencias no prestó la debida atención médica a las personas lesionadas, de igual modo, la inadecuada respuesta ante la desaparición de los estudiantes normalistas, ya que no se actúo prontamente para implementar un operativo de búsqueda.

Informe presentado por el GIEI del caso Ayotzinapa

Ahora bien, contrastando los dos resultados de las investigaciones, podemos sintetizar que la investigación de la PGR, responsabiliza al ex-alcalde José Luis Abarca y su esposa, como responsables intelectuales de los hechos, al grupo criminal "Guerreros Unidos" y a los policías municipales de Iguala y Cocula, como responsables de ejecutar las acciones de homicidio y desaparición de los estudiantes normalistas, la razón de su proceder: una reacción represiva por intentar boicotear un evento público. 

Mientras que el Informe de la GIEI, también señala a los responsables de los sucesos materiales, al grupo criminal, a los policías de ambos municipios, añadiendo la presunta participación de policías municipales de Huitzuco, pero no señala como responsable intelectual a José Luis Abarca, sino más bien establece una relación que permite deducir una actuación directa del crimen organizado, la empresa de autobuses, y la ejecución por policías municipales, con la clara abstención del Ejército y de la Policía Federal, para que se pudieran llevar a cabo dichas acciones. Dicho de forma más simple, establece una colusión entre las diferentes corporaciones de seguridad (municipales y federales), la empresa de transportes y el crimen organizado, para llevar a cabo los homicidios, lesiones y desaparición de los estudiantes. ¿El motivo?, el Informe no lo deja claramente establecido, pero a partir los procesos judiciales que se llevan en contra del grupo "Guerreros Unidos" en EEUU, en donde se revela como utilizaban autobuses de transporte de pasajeros para trasladar heroína hacia ese país, se deduce que leitmotiv fue: una respuesta represiva por haber tomado autobuses que transportaban droga.

Si bien las dos conclusiones son diferentes, tienen en común que señalan como uno de los principales responsables de los hechos, al grupo criminal "Guerreros Unidos", quien corrompió y utilizó a policías municipales para llevar a cabo actos delictivos. Esto podría llevarnos a la conclusión de que el Estado en sí, no es responsable, porque no hay una ideación, ni operación planeada por diferentes gobiernos y corporaciones de seguridad de llevar a cabo estas acciones, sino que es más bien resultado de la cooptación y reacción del crimen organizado frente a la afectación de sus intereses. 

No obstante, dicha conclusión sólo mira el hecho en cuanto a su momento y no de manera integral, es decir, no mira cómo es que se llegó a que este tipo de actos sucedieran y es ahí, cuando el razonamiento debe ser más conciso, asimismo, para determinar la responsabilidad de un Estado, es importante revisar la jurisprudencia internacional.

Visto de manera más amplia, primero habría que revisar si los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", se encontraba en riesgo de ser víctima de agresión. Uno de los sucesos más recientes fue cuando murieron estudiantes de la misma escuela en manos de elementos de la Policía federal y estatal de Guerrero, el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, como resultado del desalojo a un bloqueo en el que demandaban mejores condiciones para la escuela. Producto de estos acontecimientos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la Recomendación 1VG/2012, dentro de los cuales se demanda al gobernador Ángel Aguirre Rivero -el mismo con el que suceden los hechos de septiembre de 2014-, la reparación del daño, la debida investigación y sanción a los responsables, preparación y capacitación adecuada en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos de cuerpos policiales de la entidad, generar mecanismos adecuados de diálogo con los diversos grupos en conflicto y en particular destaca que: "Con la participación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa  se  implemente  un  programa que garantice  la  seguridad  de  esa institución educativa y salvaguarde la integridad de su persona". Como se puede evidenciar dichos puntos recomendatorios no fueron cumplidos por el gobierno de Guerrero, y son un precedente de cómo se encontraban en riesgo los estudiantes de la escuela "Isidro Burgos", de ser víctimas de violencia estatal. 

Asesinato de dos estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos",
en la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011 por parte de policías en Guerrero.
 (Cuartoscuro)

En cuanto a las autoridades estatales, también producto de esta recomendación se señala que se debían tomar acciones de capacitación, coordinación, debida investigación y sanción a los responsables tanto directos como mandos, por lo ocurrido el 12 de diciembre de 2011, sin embargo, dichas acciones no se realizaron, ni se le dieron seguimiento con el cambio de administración federal.

En segundo lugar, en lo que corresponde a la operación del narcotráfico y los nexos con el ex-alcalde de Iguala, se tenían averiguaciones previas por parte de la Procuraduría estatal de Guerrero, de su presunta participación en el homicidio de una persona, y aún teniendo facultades y conociendo del caso, la PGR no realizó las diligencias pertinentes. Por otra parte, de las rutas del narcotráfico, la participación de empresas de transporte y de grupos criminales que operan en el municipio de Iguala, Guerrero, no hay una debida investigación, como reveló el GIEI, por parte de la inteligencia federal (PGR y Ejército) -o al menos no se ha utilizado debidamente, si es que existe- que permita detectar los flujos de dinero, la cooptación de cuerpos policiales y autoridades municipales, que llevarán a la detención y procesamiento de estos grupos, aún conociendo de los procesos judiciales que se realizaban en EEUU.

Lo anterior, demuestra que hay una clara negligencia por parte del Estado, en su conjunto, por no haber tomado las medidas pertinentes frente a situaciones que previamente habían puesto en riesgo la integridad y vida de los estudiantes normalistas, así como la omisión frente a grupos criminales que operan y cometen actos delictivos de manera abierta en el municipio de Iguala y la región, y la amenaza que presentan para la población, aunado a que durante el proceso de búsqueda, se dieron con los restos de otras personas que habían sido desaparecidas en años anteriores, lo cual señala que estos actos delictivos eran conocidos por los gobiernos municipales, estatales y federales, en este caso se observa la responsabilidad estatal por omisión. 

Por último, en cuanto a los hechos que aquí analizamos, hay que citar lo que reporta el Informe del GIEI: “las autoridades municipales, estatales y federales tenían conocimiento de lo que ocurría casi en tiempo real”. Lo que nos muestra, que las autoridades en sus diferentes niveles, permitieron que los actos delictivos se cometieran bajo su conocimiento. De igual modo, el personal de salud y emergencias no prestó la atención médica a las personas heridas, dado que en el hospital a donde llegó un estudiante herido, el doctor se negó a atenderlos y los servicios de emergencia, no arribaron al lugar de los hechos, siendo que habían sido requeridos vía telefónica por las personas que se encontraban en el lugar. Con ello no sólo negaron los servicios de salud, sino que además se puso en riesgo la vida e integridad de las personas al no recibir atención médica. Por último, el que hayan participado de manera directa e indirecta, el Ejército, Policía Federal y policías municipales, nos habla de una clara responsabilidad por acción, aún cuando el responsable intelectual haya sido un grupo criminal. 

Desde la perspectiva jurídica, la responsabilidad del Estado puede ser imputable aún cuando sea cometido por un particular, esto lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en en la sentencia del Caso Velásquez Rodríguez:

"(...), un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención [Americana sobre Derechos Humanos]" (párrafo 172).

Las obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional están reconocidas en la Constitución Mexicana como parte del corpus jurídico nacional, y por lo tanto, también adquiere las obligaciones a nivel internacional.

No obstante, podría objetarse que parte de lo sucedido en 2011 en Guerrero, fue responsabilidad de una administración federal anterior, el que no se tomaron las debidas precauciones, sin embargo, el Estado no es un ente personalista, sino más bien institucional en donde la responsabilidad recae no sólo sobre las personas que cometieron los actos o que son responsables, sino también sobre las obligaciones que en sí mismas tiene el Estado de prevenir, sancionar y reparar actos violatorios de derechos humanos, así lo señala la jurisprudencia de la  CoIDH, en la sentencia citada, en el párrafo 184:

"[Según] el principio de derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada."

Es así que podemos concluir: el Estado mexicano es responsable por omisión, del homicidio y desaparición de los estudiantes normalistas, debido a la inadecuada diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos, tal como había señalado previamente la CNDH, por no llevar acabo las investigaciones correspondientes frente al crimen organizado que opera en dicha zona, teniendo conocimiento de los posibles nexos con el alcalde de Iguala y los policías municipales, de igual modo, tiene responsabilidad, por no garantizar la seguridad de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", los cuales de manera constante habían sido objeto de agresiones y pérdida de vidas. El Estado mexicano es responsable por acción, ya que se demostró la participación de autoridades federales -al no intervenir para que detener los hechos delictivos y violatorios de derechos humanos- y municipales -al ser quienes ejecutaron las acciones-, en los hechos, y porque teniendo conocimiento, los diferentes niveles de gobierno, de lo que sucedía la noche del 26 de septiembre de 2014, no se implementaron medidas para evitar que continuaran.

Es así que ante la pregunta de si ¿fue o no el Estado?, la respuesta ahora es clara, sí, por los antecedentes de agresiones hacia los estudiantes normalistas, por no tomar las medidas preventivas y por su participación directa en los hechos. Ahora lo que toca, es hacer responsable al Estado ante el sistema judicial nacional y por consecuencia al internacional, ya que el gobierno mexicano no aceptará la responsabilidad -ya lo demostró con la investigación realizada por la PGR-, con el fin de hacer accesible el derecho a la justicia de las víctimas.

Acto público realizado en el Zócalo de la Ciudad de México,
por los hechos ocurridos en Ayotzinapa en septiembre de 2014.
(Foto tomada de CNN)