Es importante analizar el caso desde dos ópticas, la primera es la investigación hecha por la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Los resultados de dicha investigación señalaron que los responsables de la muerte de 9 personas, 41 estudiantes desaparecidos ( el número de personas desaparecidos se le conoce como 43, sin embargo, ya fueron reconocidas dos personas en los restos encontrados) y 27 heridos, fueron el grupo criminal "Guerreros Unidos", el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, así como las policías municipales de Cocula e Iguala. Que los motivos por los cuales atacaron a este grupo de estudiantes fue porque se disponían a boicotear el evento de la presidenta local del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF), María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala. Que los 43 estudiantes, que en un principio se señalaban como desaparecidos fueron incinerados en un basurero en el municipio de Cocula, y sus restos arrojados al río. Que frente a los señalamientos de que hubiera participado la Policía Federal y el Ejército, no había evidencias de ningún tipo, y que los únicos que habían participado en esta agresión y desaparición fueron los policías municipales. Este fue el informe de la investigación que el Procurador en su momento presentó, y que denominó como "la verdad histórica".
Conferencia de Prensa del Procurador, Jesús Murillo Karam, caso Ayotzinapa.
La otra investigación fue realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), bajo un acuerdo de Asistencia Técnica, firmado con el gobierno mexicano- quienes producto de su investigación presentaron el "Informe Ayotzinapa", en donde se refutaron varias de las conclusiones hechas por la PGR y a su vez señalaron varias deficiencias en la investigación, dentro de las cuales destacan:
- Los estudiantes no se dirigían a boicotear el evento de la presidenta del DIF local, la retención de autobuses y conductores, era con el fin de trasladarse la Ciudad de México para asistir a la marcha del 2 de octubre de ese año.
- Que la Policía Federal y el Ejercito estuvieron presentes en el momento de los hechos, ya que la primera estuvo en uno de los ataques por parte de policías municipales hacia los estudiantes, en tanto que existe evidencia que el Ejército dispuso de uno de sus elementos para informar de lo que sucedía en el instante. Que estas corporaciones tuvieron conocimiento en todo momento a través del C4 -el cual es un centro de comunicación y coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales-. Asimismo, personal del Ejército acudió al hospital en donde se encontraba uno de los estudiantes lesionados, revictimizando a las personas y sin prestar ayuda de ningún tipo.
- Que no existieron condiciones ambientales, ni materiales para llevar a cabo una quema e incineración de 43 cuerpos en el basurero de Cocula, con base en el peritaje realizado por el experto Dr. José Torero.
- Que el informe presentado por la PGR, omitió la presencia de un quinto autobús en donde estuvo presente la Policía Federal; que no se investigó de manera exhaustiva la participación del chofer de este autobús y sus declaraciones contradictorias, así como los posibles nexos de la empresa de transporte con el narcotráfico; que no se recabo toda la evidencia, tales como las videograbaciones que se encontraban en los diferentes lugares; que no se investigó a los policías municipales de Huitzuco, los cuales señalaron diferentes víctimas y presuntos responsables; que no hubo una adecuada actuación de la PGR ante los conocimientos que se tenían de un homicidio previo al que se señalaba como responsable al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como sus posibles nexos con el narcotráfico, siendo que la PGR tiene las facultades de atracción y las herramientas legales para haber realizado la investigación.
Estos son los principales señalamientos que refutan la tesis y resultados de la investigación hecha por la PGR, así como otros sucesos, tales como que el personal de salud y de emergencias no prestó la debida atención médica a las personas lesionadas, de igual modo, la inadecuada respuesta ante la desaparición de los estudiantes normalistas, ya que no se actúo prontamente para implementar un operativo de búsqueda.
Informe presentado por el GIEI del caso Ayotzinapa
Ahora bien, contrastando los dos resultados de las investigaciones, podemos sintetizar que la investigación de la PGR, responsabiliza al ex-alcalde José Luis Abarca y su esposa, como responsables intelectuales de los hechos, al grupo criminal "Guerreros Unidos" y a los policías municipales de Iguala y Cocula, como responsables de ejecutar las acciones de homicidio y desaparición de los estudiantes normalistas, la razón de su proceder: una reacción represiva por intentar boicotear un evento público.
Mientras que el Informe de la GIEI, también señala a los responsables de los sucesos materiales, al grupo criminal, a los policías de ambos municipios, añadiendo la presunta participación de policías municipales de Huitzuco, pero no señala como responsable intelectual a José Luis Abarca, sino más bien establece una relación que permite deducir una actuación directa del crimen organizado, la empresa de autobuses, y la ejecución por policías municipales, con la clara abstención del Ejército y de la Policía Federal, para que se pudieran llevar a cabo dichas acciones. Dicho de forma más simple, establece una colusión entre las diferentes corporaciones de seguridad (municipales y federales), la empresa de transportes y el crimen organizado, para llevar a cabo los homicidios, lesiones y desaparición de los estudiantes. ¿El motivo?, el Informe no lo deja claramente establecido, pero a partir los procesos judiciales que se llevan en contra del grupo "Guerreros Unidos" en EEUU, en donde se revela como utilizaban autobuses de transporte de pasajeros para trasladar heroína hacia ese país, se deduce que leitmotiv fue: una respuesta represiva por haber tomado autobuses que transportaban droga.
Si bien las dos conclusiones son diferentes, tienen en común que señalan como uno de los principales responsables de los hechos, al grupo criminal "Guerreros Unidos", quien corrompió y utilizó a policías municipales para llevar a cabo actos delictivos. Esto podría llevarnos a la conclusión de que el Estado en sí, no es responsable, porque no hay una ideación, ni operación planeada por diferentes gobiernos y corporaciones de seguridad de llevar a cabo estas acciones, sino que es más bien resultado de la cooptación y reacción del crimen organizado frente a la afectación de sus intereses.
No obstante, dicha conclusión sólo mira el hecho en cuanto a su momento y no de manera integral, es decir, no mira cómo es que se llegó a que este tipo de actos sucedieran y es ahí, cuando el razonamiento debe ser más conciso, asimismo, para determinar la responsabilidad de un Estado, es importante revisar la jurisprudencia internacional.
Visto de manera más amplia, primero habría que revisar si los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", se encontraba en riesgo de ser víctima de agresión. Uno de los sucesos más recientes fue cuando murieron estudiantes de la misma escuela en manos de elementos de la Policía federal y estatal de Guerrero, el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, como resultado del desalojo a un bloqueo en el que demandaban mejores condiciones para la escuela. Producto de estos acontecimientos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió la Recomendación 1VG/2012, dentro de los cuales se demanda al gobernador Ángel Aguirre Rivero -el mismo con el que suceden los hechos de septiembre de 2014-, la reparación del daño, la debida investigación y sanción a los responsables, preparación y capacitación adecuada en el uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos de cuerpos policiales de la entidad, generar mecanismos adecuados de diálogo con los diversos grupos en conflicto y en particular destaca que: "Con la participación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se implemente un programa que garantice la seguridad de esa institución educativa y salvaguarde la integridad de su persona". Como se puede evidenciar dichos puntos recomendatorios no fueron cumplidos por el gobierno de Guerrero, y son un precedente de cómo se encontraban en riesgo los estudiantes de la escuela "Isidro Burgos", de ser víctimas de violencia estatal.
Asesinato de dos estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos",
en la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011 por parte de policías en Guerrero.
(Cuartoscuro)
en la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011 por parte de policías en Guerrero.
(Cuartoscuro)
En cuanto a las autoridades estatales, también producto de esta recomendación se señala que se debían tomar acciones de capacitación, coordinación, debida investigación y sanción a los responsables tanto directos como mandos, por lo ocurrido el 12 de diciembre de 2011, sin embargo, dichas acciones no se realizaron, ni se le dieron seguimiento con el cambio de administración federal.
En segundo lugar, en lo que corresponde a la operación del narcotráfico y los nexos con el ex-alcalde de Iguala, se tenían averiguaciones previas por parte de la Procuraduría estatal de Guerrero, de su presunta participación en el homicidio de una persona, y aún teniendo facultades y conociendo del caso, la PGR no realizó las diligencias pertinentes. Por otra parte, de las rutas del narcotráfico, la participación de empresas de transporte y de grupos criminales que operan en el municipio de Iguala, Guerrero, no hay una debida investigación, como reveló el GIEI, por parte de la inteligencia federal (PGR y Ejército) -o al menos no se ha utilizado debidamente, si es que existe- que permita detectar los flujos de dinero, la cooptación de cuerpos policiales y autoridades municipales, que llevarán a la detención y procesamiento de estos grupos, aún conociendo de los procesos judiciales que se realizaban en EEUU.
Lo anterior, demuestra que hay una clara negligencia por parte del Estado, en su conjunto, por no haber tomado las medidas pertinentes frente a situaciones que previamente habían puesto en riesgo la integridad y vida de los estudiantes normalistas, así como la omisión frente a grupos criminales que operan y cometen actos delictivos de manera abierta en el municipio de Iguala y la región, y la amenaza que presentan para la población, aunado a que durante el proceso de búsqueda, se dieron con los restos de otras personas que habían sido desaparecidas en años anteriores, lo cual señala que estos actos delictivos eran conocidos por los gobiernos municipales, estatales y federales, en este caso se observa la responsabilidad estatal por omisión.
Por último, en cuanto a los hechos que aquí analizamos, hay que citar lo que reporta el Informe del GIEI: “las autoridades municipales, estatales y federales tenían conocimiento de lo que ocurría casi en tiempo real”. Lo que nos muestra, que las autoridades en sus diferentes niveles, permitieron que los actos delictivos se cometieran bajo su conocimiento. De igual modo, el personal de salud y emergencias no prestó la atención médica a las personas heridas, dado que en el hospital a donde llegó un estudiante herido, el doctor se negó a atenderlos y los servicios de emergencia, no arribaron al lugar de los hechos, siendo que habían sido requeridos vía telefónica por las personas que se encontraban en el lugar. Con ello no sólo negaron los servicios de salud, sino que además se puso en riesgo la vida e integridad de las personas al no recibir atención médica. Por último, el que hayan participado de manera directa e indirecta, el Ejército, Policía Federal y policías municipales, nos habla de una clara responsabilidad por acción, aún cuando el responsable intelectual haya sido un grupo criminal.
Desde la perspectiva jurídica, la responsabilidad del Estado puede ser imputable aún cuando sea cometido por un particular, esto lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en en la sentencia del Caso Velásquez Rodríguez:
"(...), un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención [Americana sobre Derechos Humanos]" (párrafo 172).
Las obligaciones en materia de derechos humanos a nivel internacional están reconocidas en la Constitución Mexicana como parte del corpus jurídico nacional, y por lo tanto, también adquiere las obligaciones a nivel internacional.
No obstante, podría objetarse que parte de lo sucedido en 2011 en Guerrero, fue responsabilidad de una administración federal anterior, el que no se tomaron las debidas precauciones, sin embargo, el Estado no es un ente personalista, sino más bien institucional en donde la responsabilidad recae no sólo sobre las personas que cometieron los actos o que son responsables, sino también sobre las obligaciones que en sí mismas tiene el Estado de prevenir, sancionar y reparar actos violatorios de derechos humanos, así lo señala la jurisprudencia de la CoIDH, en la sentencia citada, en el párrafo 184:
"[Según] el principio de derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada."
Es así que podemos concluir: el Estado mexicano es responsable por omisión, del homicidio y desaparición de los estudiantes normalistas, debido a la inadecuada diligencia para prevenir violaciones de derechos humanos, tal como había señalado previamente la CNDH, por no llevar acabo las investigaciones correspondientes frente al crimen organizado que opera en dicha zona, teniendo conocimiento de los posibles nexos con el alcalde de Iguala y los policías municipales, de igual modo, tiene responsabilidad, por no garantizar la seguridad de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", los cuales de manera constante habían sido objeto de agresiones y pérdida de vidas. El Estado mexicano es responsable por acción, ya que se demostró la participación de autoridades federales -al no intervenir para que detener los hechos delictivos y violatorios de derechos humanos- y municipales -al ser quienes ejecutaron las acciones-, en los hechos, y porque teniendo conocimiento, los diferentes niveles de gobierno, de lo que sucedía la noche del 26 de septiembre de 2014, no se implementaron medidas para evitar que continuaran.
Es así que ante la pregunta de si ¿fue o no el Estado?, la respuesta ahora es clara, sí, por los antecedentes de agresiones hacia los estudiantes normalistas, por no tomar las medidas preventivas y por su participación directa en los hechos. Ahora lo que toca, es hacer responsable al Estado ante el sistema judicial nacional y por consecuencia al internacional, ya que el gobierno mexicano no aceptará la responsabilidad -ya lo demostró con la investigación realizada por la PGR-, con el fin de hacer accesible el derecho a la justicia de las víctimas.
Acto público realizado en el Zócalo de la Ciudad de México,
por los hechos ocurridos en Ayotzinapa en septiembre de 2014.
(Foto tomada de CNN)
por los hechos ocurridos en Ayotzinapa en septiembre de 2014.
(Foto tomada de CNN)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Publica tu comentario: