La larga transición

A unas horas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJDF) declaré la validez de la elección presidencial, y que el próximo presidente de la República sea Enrique Peña Nieto, quedan demasiados cabos sueltos y una transición democrática que no ha concluido.

Después de asumir la presidencia Felipe Calderón, en medio de un aura de ilegitimidad, declaró que la transición democrática no podía ser interminable, señalando con ello que se había arribado a una plena democracia. Dicha declaración no fue única, ni la primera en este sentido sobre el proceso democrático del país, varios analistas y especialistas, expresaban la misma idea. Por una parte, esto tenía dos intenciones, darle mayor credibilidad a las instituciones y procesos electorales, y por otro lado, infundir en la población mayores valores democráticos, los cuales eran y siguen siendo incipientes.

No obstante, desde las elecciones del año 2000 a las elecciones presidenciales de este año, podríamos decir que dicha expresión de que México ha arribado a una plena democracia, aún no puede ser declarada como válida del todo. El país se encuentra en una larga transición que quizás acabará de afinarse en las dos próximas elecciones presidenciales, debido a que hay una serie de pendientes que no permiten una consolidación clara de la democracia.

Dos puntos son fundamentales para señalar esto. El primero es el rebase de los topes de campaña. En las elecciones del año 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), se demostró en los casos Amigos de Fox y el Pemexgate, que ambos partidos rebasaron los topes de campaña de manera exorbitante, tanto que generaron multas onerosas por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) hacia estos dos partidos. En la reciente elección hay señales de que esto sucedió de nueva cuenta con el PRI, pero tal situación no se podrá conocer con certeza hasta el 2013, cuando el IFE esté obligado a presentar si hubo o no rebase del tope de campañas, así como dinero ilícito que financió la campaña de este partido. Tanto en las elecciones del año 2000 como en éstas, no se afectará el sentido del resultado de las votaciones ni lo declarado por el TEPJF, de tal modo que el partido que ocupe el cargo tendrá derecho a mantener la presidencia, a pesar de que la manera en cómo se financió su arribó haya sido de manera ilegal.

Este uno de los elementos de mayor importancia, dado que los partidos están dispuestos a pagar una multa por millonaria que sea, a cambio de la Presidencia. Esta no es una sanción sino un incentivo para cometer acciones ilícitas. No obstante, el riesgo es mucho mayor, ya que el dinero que puede provenir para financiar las campañas, no sólo puede venir de empresarios que invierten a cambio de favores económicos o políticos, sino también éste puede venir del crimen organizado. En el caso de “Amigos de Fox”, asociación que se creó para recabar y financiar la campaña del candidato panista en el año 2000, se tienen indicios de que parte de este dinero proviene del Narcotráfico, tal como lo señala Sergio González, en su libro Huesos en el desierto.

El riesgo se ha convertido en una amenaza real en los estados de la República Mexicana, tal es el caso de ex gobernadores (M. Villanueva, N. Agúndez y T. Yarrington), que actualmente están siendo buscados o procesados por el narcotráfico, así como aquellos que han quedado en impunidad, como el de Sergio Estrada Cagijal en Morelos, Fidel Herrera en Veracruz. Estos casos muestran la fragilidad del sistema democrático en controlar el recurso que proviene del crimen organizado hacia las campañas electorales. En la mayoría de los casos, un candidato que no cuente con dinero, por más carismático que éste sea, no puede ganar. Por tal motivo, dentro de las reformas electorales que se hicieron en 1997, se decidió que para que una campaña sea equitativa, todos los partidos deben de contar con presupuesto, en su mayoría público, para así equilibrar lo que puedan recabar de particulares. Si bien es cierto, que el presupuesto que tengan dependerá de los votos obtenidos, el diseño de financiamiento es en esencia equitativo. Pero a pesar de esto, los partidos han violentado este principio al rebasar los topes de campaña, debido a que no hay una sanción mayor que los inhiba a cometer éste tipo de ilícitos, tal como invalidar la elección.

El segundo elemento de mayor importancia, en este proceso de transición democrática, debe ser lo que se denomina como “compra” y coacción del voto. En donde los partidos o los gobiernos estatales hacen uso de recursos públicos, condicionando bienes o servicios a cambio de votar de determinada forma. Este tipo de conducta fue y sigue siendo típica del PRI, sin embargo, hoy día se ha generalizado, los diferentes partidos, hacen uso de los programas o de bienes, para “orientar” o coaccionar el voto de las personas. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se creó con el fin de que este tipo de conductas fueran perseguidas y castigadas por la Procuraduría General de la República (PGR), pese a esto, dicha Fiscalía se ha convertido en un apéndice del sistema electoral y de procuración de justicia, ya que ni ha contado con los recursos para su profesionalización y la infraestructura, ni tampoco ha actuado a cabalidad como se le mandata.

La FEPADE, aún tiene limitada sus facultades, debido a que un órgano que depende de la PGR, y ésta a su vez del Ejecutivo, él cual puede influir fácilmente en las decisiones de esta dependencia. A pesar de las limitaciones, la Fiscalía tiene funciones que le permitirían perseguir los delitos electorales, no obstante, su actuación ha sido omisa y timorata. Las elecciones de este año, reflejan la mínima capacidad que tiene la FEPADE para inhibir y perseguir los delitos electorales, tales como el uso de recursos públicos o privados para influir o coaccionar a los votantes.

De lo anterior, se desprende que para consolidar nuestra democracia, se deben modificar las leyes y normas electorales, para que este tipo de conductas antes descritas, se reduzcan y se castiguen. En el caso del rebase de topes de campaña, se debe elevar la sanción, si se demuestra que el rebase de tope de campañas hizo inequitativa la contienda, se deben invalidar las elecciones. Esto desincentivaría a aquellos actores que quisieran hacer uso de recursos ilícitos o más allá de lo permitido. En el caso de la coacción del voto a través de recursos públicos, se requiere que haya mayor transparencia sobre los programas y presupuesto, y a su vez, la FEPADE debe contar con mayor presupuesto y facultades para perseguir este delito, ya sea convirtiéndolo en un órgano desconcentrado o autónomo de la PGR, lo ideal sería dotar de autonomía a la FEPADE, para que no dependa de los intereses del Ejecutivo o del propio titular de la PGR.

En la medida en que sean atendibles este tipo de deficiencias del sistema electoral y de procuración de justicia, podríamos decir que la transición democrática pasaría a convertirse sólo, en un “perfeccionamiento” del sistema democrático. En una democracia consolidada, este tipo de prácticas no existen, y si las hay, son perseguidas y castigadas con dureza. En México este tipo de prácticas son común denominador en las campañas electorales. Habrá que ver de qué tamaño es la voluntad política de los actores políticos, para arribar plenamente a un sistema democrático.

El ideario del descontento

Todas las afrentas, todos los lemas, todos los rostros caben en el ideario del descontento. No importa que estos se contravengan, lo que importa es que se está inconforme contra un ente culpable y verdugo de todos los males.

Es el descontento contra “el sistema”, “los medios”, “el Gobierno”, “el capitalismo”, “el fraude”, “la imposición”, etc., todo cabe siempre y cuando no quepa en el lado de la inconformidad. La movilización, la protesta, las “masas”, se erigen como tribunal que establece el lindero entre el bien y el mal, entre el libertador y el opresor.

Pero el enemigo, los enemigos, se transmutan, se redimen; dejan de ser los opresores o traidores para convertirse en los aliados, y en un momento se anula la memoria. Porque el descontento acoge todo lo que le sirva para defender su causa -¿cuál? La que ellos dicten-.

El descontento desconfía de la crítica adversa, de la crítica que se dirige contra ellos. Es vista como la ideología del sistema, quienes la profieren, son los “intelectuales orgánicos”. Se dicta sentencia inculpatoria, la crítica se exilia, se le manda a la picota del insulto.

La unión entre miles de voces discordantes pero unidas contra Otro “perverso”, las diluye. La “causa” se vuelve todas y ninguna. Son los enemigos de su propia causa. El descontento sólo borbota para volverse a apagar en la nada.

El “líder moral” se congracia con el descontento. Ve en él, el voto que lo elige. Oye una voz divina entre éste, que le manda a seguir luchando por los oprimidos, pobres, gays, lesbianas, transexuales, indígenas, mujeres, jóvenes, niños, trabajadores, las trabajadoras del hogar, los migrantes, las sexoservidoras, la libertad de expresión, la democracia, el Pueblo. En él se encarna la indignación de miles y variopintos excluidos.

El descontento unge a su representante en cada marcha. Puede ser diferente, todo depende del momento o pueden ser varios a la vez, puede ser él mismo. El descontento será legítimo y reconocido siempre que se oponga a un Otro inaprensible, pero eterno, que siempre ha estado ahí fustigando y oprimiendo al más “débil”. 

El malestar con la democracia

Desde que México ha arribado a un sistema democrático en el ámbito político-electoral, se han generado expresiones de descontento hacia éste, tanto de corrientes de izquierda como de derecha. Sin embargo, de manera más creciente y visible, la izquierda y un sector importante de la sociedad que simpatiza con ésta, ha hecho suyo este descontento. Las elecciones de 2006 y la de este año, han generado un malestar profundo, tanto a la forma en cómo están regulados los partidos y los procesos electorales, así como hacía otros actores que cada vez se han vuelto más visibles. ¿Qué factores han generado que estos sectores de la sociedad se sientan insatisfechos con el sistema democrático?

Varios analistas han apuntado, que los factores se deben a que a la democracia, se le han cargado demasiadas expectativas, que por sí misma, le es imposible de cumplir, como mayor empleo, mejores condiciones laborales, mayor y mejor educación, en general la mejora de las condiciones socioeconómicas. Si bien este es un factor importantísimo, yo apuntaría hacia otro elemento, que va asociado con la impunidad, pero que se encuentra sobre todo en el ámbito de lo simbólico.

El año de 1968, fue un punto de quiebre sobre el equilibrio que había entre sociedad y gobierno, aunque había diferentes sectores que se encontraban en conflicto con la sociedad, estos eran reducidos y en su mayoría de regiones rurales. En este año de efervescencia juvenil, los protagonistas fueron en su mayoría sectores estudiantiles de zonas urbanas. Veían el autoritarismo como un desfase entre una sociedad cada vez más cambiante y moderna, y un sistema político monolítico y anticuado. El asesinato de cientos de estudiantes, el 2 de octubre de ese año, representó un agravio a gran parte de la sociedad, y la definitiva ruptura de un pacto social con el sistema político.

Las guerrillas y la guerra sucia, fueron reflejo de cómo se fueron agudizando las relaciones entre sociedad y gobierno. Esta tensión tuvo una relajación con las reformas políticas que se hicieron en 1977 y las consecuentes, para abrir paso a la pluralidad política. No obstante, el fraude electoral de 1988, volvió a tensionar a una parte de la sociedad con el gobierno, hasta llegar al levantamiento zapatista de 1994. Si bien este último enarbolaba otras causas más allá de la demanda de democratización, en gran parte era producto de ese descontento social que se había venido acumulando del sistema priista.

Con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997 como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por parte del PRD y el arribo en 2000 de Vicente Fox, como presidente de la república, proveniente del PAN, se volvió a establecer un clima de reconciliación nacional. No obstante, dentro de los principales desafíos que tenía este último, era desmontar el sistema autoritario que había generado el PRI y resarcir los agravios sociales, a través de sancionar y castigar a los responsables de los excesos de poder y de las violaciones de derechos humanos, que había padecido una gran parte de la población: estudiantes, campesinos, indígenas y mujeres.

La Comisión de la Verdad que se creó para investigar y castigar “los crímenes del pasado”, resultó una primera esperanza para restaurar plenamente el equilibrio entre sociedad y gobierno. No obstante, terminó en decepción, se investigó pero no se sancionó a los principales responsables. Por otra parte, los derechos sociales que se requerían para contribuir a esa reparación de daño, tampoco se generaron, por ninguno de los tres poderes de la Unión.

Asimismo, el gobierno no reformó a fondo el sistema político que le había heredado el PRI, al nuevo gobierno, de tal modo, que todo termino por verse como una negociación entre el viejo y nuevo régimen. El signo que quedó como distintivo de la democracia, era la impunidad.

Frente a esta imagen, el gobierno o  los gobiernos emanados del PAN, bien pudieron generar actos que fueron simbólicos para la sociedad, que aunque no se castigará desde la vía judicial a los responsables de crímenes y de violaciones de derechos humanos, si se pudieran generar espacios o memoriales simbólicos que fueran significativos para la sociedad.

Argentina y Chile, son ejemplos de cómo la democracia, generó satisfactores sociales, a pesar de que tienen todavía enormes deudas que cubrir. Pero al menos en lo que corresponde a los castigos, hacia actores responsables de innumerables actos ominosos hacia la sociedad durante las dictaduras, se hicieron tanto desde el ámbito judicial como simbólico. Chile recordó de manera significativa con Ricardo Lagos el 11 de Septiembre de 1977, a pesar de que no se castigó a Pinochet y a gran parte de sus colaboradores. Argentina, ha dictado sentencias condenatorias en contra de militares responsables de los agravios durante las dictaduras, e hizo de la Escuela Mecánica de la Armada, un memorial para que actos cometidos por militares, fueran recordados y condenados socialmente.

En lo particular, considero que en la medida en que no haya actos y espacios que sean simbólicos para la sociedad, en donde se restaure la dignidad y la memoria de las personas, que les fueron violados sus derechos o arrebatada su vida, por diversas de causas - y a pesar de que no estemos de acuerdo con ellas-, gran parte de la sociedad, en particular los que simpatizan con la izquierda, pero en general toda la sociedad, seguirán sintiendo una insatisfacción con el sistema democrático, lo que en ocasiones puede derivar en conflictos más agudos, como las guerrillas de los 70 o más reciente la de los 90.

Sin embargo, la generación de derechos sociales hacia los sectores más desfavorecidos, restauran mucho más el equilibrio social y tienen un efecto a más largo plazo.