La larga transición

A unas horas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJDF) declaré la validez de la elección presidencial, y que el próximo presidente de la República sea Enrique Peña Nieto, quedan demasiados cabos sueltos y una transición democrática que no ha concluido.

Después de asumir la presidencia Felipe Calderón, en medio de un aura de ilegitimidad, declaró que la transición democrática no podía ser interminable, señalando con ello que se había arribado a una plena democracia. Dicha declaración no fue única, ni la primera en este sentido sobre el proceso democrático del país, varios analistas y especialistas, expresaban la misma idea. Por una parte, esto tenía dos intenciones, darle mayor credibilidad a las instituciones y procesos electorales, y por otro lado, infundir en la población mayores valores democráticos, los cuales eran y siguen siendo incipientes.

No obstante, desde las elecciones del año 2000 a las elecciones presidenciales de este año, podríamos decir que dicha expresión de que México ha arribado a una plena democracia, aún no puede ser declarada como válida del todo. El país se encuentra en una larga transición que quizás acabará de afinarse en las dos próximas elecciones presidenciales, debido a que hay una serie de pendientes que no permiten una consolidación clara de la democracia.

Dos puntos son fundamentales para señalar esto. El primero es el rebase de los topes de campaña. En las elecciones del año 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), se demostró en los casos Amigos de Fox y el Pemexgate, que ambos partidos rebasaron los topes de campaña de manera exorbitante, tanto que generaron multas onerosas por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) hacia estos dos partidos. En la reciente elección hay señales de que esto sucedió de nueva cuenta con el PRI, pero tal situación no se podrá conocer con certeza hasta el 2013, cuando el IFE esté obligado a presentar si hubo o no rebase del tope de campañas, así como dinero ilícito que financió la campaña de este partido. Tanto en las elecciones del año 2000 como en éstas, no se afectará el sentido del resultado de las votaciones ni lo declarado por el TEPJF, de tal modo que el partido que ocupe el cargo tendrá derecho a mantener la presidencia, a pesar de que la manera en cómo se financió su arribó haya sido de manera ilegal.

Este uno de los elementos de mayor importancia, dado que los partidos están dispuestos a pagar una multa por millonaria que sea, a cambio de la Presidencia. Esta no es una sanción sino un incentivo para cometer acciones ilícitas. No obstante, el riesgo es mucho mayor, ya que el dinero que puede provenir para financiar las campañas, no sólo puede venir de empresarios que invierten a cambio de favores económicos o políticos, sino también éste puede venir del crimen organizado. En el caso de “Amigos de Fox”, asociación que se creó para recabar y financiar la campaña del candidato panista en el año 2000, se tienen indicios de que parte de este dinero proviene del Narcotráfico, tal como lo señala Sergio González, en su libro Huesos en el desierto.

El riesgo se ha convertido en una amenaza real en los estados de la República Mexicana, tal es el caso de ex gobernadores (M. Villanueva, N. Agúndez y T. Yarrington), que actualmente están siendo buscados o procesados por el narcotráfico, así como aquellos que han quedado en impunidad, como el de Sergio Estrada Cagijal en Morelos, Fidel Herrera en Veracruz. Estos casos muestran la fragilidad del sistema democrático en controlar el recurso que proviene del crimen organizado hacia las campañas electorales. En la mayoría de los casos, un candidato que no cuente con dinero, por más carismático que éste sea, no puede ganar. Por tal motivo, dentro de las reformas electorales que se hicieron en 1997, se decidió que para que una campaña sea equitativa, todos los partidos deben de contar con presupuesto, en su mayoría público, para así equilibrar lo que puedan recabar de particulares. Si bien es cierto, que el presupuesto que tengan dependerá de los votos obtenidos, el diseño de financiamiento es en esencia equitativo. Pero a pesar de esto, los partidos han violentado este principio al rebasar los topes de campaña, debido a que no hay una sanción mayor que los inhiba a cometer éste tipo de ilícitos, tal como invalidar la elección.

El segundo elemento de mayor importancia, en este proceso de transición democrática, debe ser lo que se denomina como “compra” y coacción del voto. En donde los partidos o los gobiernos estatales hacen uso de recursos públicos, condicionando bienes o servicios a cambio de votar de determinada forma. Este tipo de conducta fue y sigue siendo típica del PRI, sin embargo, hoy día se ha generalizado, los diferentes partidos, hacen uso de los programas o de bienes, para “orientar” o coaccionar el voto de las personas. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), se creó con el fin de que este tipo de conductas fueran perseguidas y castigadas por la Procuraduría General de la República (PGR), pese a esto, dicha Fiscalía se ha convertido en un apéndice del sistema electoral y de procuración de justicia, ya que ni ha contado con los recursos para su profesionalización y la infraestructura, ni tampoco ha actuado a cabalidad como se le mandata.

La FEPADE, aún tiene limitada sus facultades, debido a que un órgano que depende de la PGR, y ésta a su vez del Ejecutivo, él cual puede influir fácilmente en las decisiones de esta dependencia. A pesar de las limitaciones, la Fiscalía tiene funciones que le permitirían perseguir los delitos electorales, no obstante, su actuación ha sido omisa y timorata. Las elecciones de este año, reflejan la mínima capacidad que tiene la FEPADE para inhibir y perseguir los delitos electorales, tales como el uso de recursos públicos o privados para influir o coaccionar a los votantes.

De lo anterior, se desprende que para consolidar nuestra democracia, se deben modificar las leyes y normas electorales, para que este tipo de conductas antes descritas, se reduzcan y se castiguen. En el caso del rebase de topes de campaña, se debe elevar la sanción, si se demuestra que el rebase de tope de campañas hizo inequitativa la contienda, se deben invalidar las elecciones. Esto desincentivaría a aquellos actores que quisieran hacer uso de recursos ilícitos o más allá de lo permitido. En el caso de la coacción del voto a través de recursos públicos, se requiere que haya mayor transparencia sobre los programas y presupuesto, y a su vez, la FEPADE debe contar con mayor presupuesto y facultades para perseguir este delito, ya sea convirtiéndolo en un órgano desconcentrado o autónomo de la PGR, lo ideal sería dotar de autonomía a la FEPADE, para que no dependa de los intereses del Ejecutivo o del propio titular de la PGR.

En la medida en que sean atendibles este tipo de deficiencias del sistema electoral y de procuración de justicia, podríamos decir que la transición democrática pasaría a convertirse sólo, en un “perfeccionamiento” del sistema democrático. En una democracia consolidada, este tipo de prácticas no existen, y si las hay, son perseguidas y castigadas con dureza. En México este tipo de prácticas son común denominador en las campañas electorales. Habrá que ver de qué tamaño es la voluntad política de los actores políticos, para arribar plenamente a un sistema democrático.